La exclusiva desvelada por Levante-EMV el 26 de junio, que la Guardia Civil investiga 30 colegios concertados por un presunto fraude en las nóminas al tener a 31 docentes de entre 69 y 83 años que podrían estar cobrando salarios por clases que no imparten, protagonizó ayer buena parte de la sesión vespertina del pleno de les Corts.
«¿Cómo valora que se investigue que haya docentes en la concertada que han estado cobrando sin dar clase durante años?», fue la pregunta que la diputada de Compromís, Isaura Navarro, le lanzó ayer en las Corts al conseller de Educación, Vicent Marzà, en relación a la noticia publicada por este diario.
«Hasta hace bien poco, parece que la conselleria pagaba a docentes de la concertada sin tener ningún comprobante ni justificación de titulaciones u horarios», respondió Marzà. «La gestión „añadió„ de las nóminas no ha sido la más adecuada, pues la conselleria no tenía ningún control sobre las horas que realizaban los profesores de la concertada».
Medidas para «poner orden»
Tras subrayar que la conselleria se ha personado en el proceso y colabora con la Fiscalía, el actual titular de Educación confirmó que a su departamento le consta que «hay indicios de que determinadas cosas no se estaban haciendo bien».
Así, relató con asombro que durante la anterior Administración del PP «no se cruzaban los datos de nóminas con los horarios, por lo que había docentes que estaban en nómina pero no constaban en los horarios».
El conseller agradeció que Compromís denunciara ahora hace dos años los presuntos pagos irregulares a la concertada llevados a cabo por las anteriores consellerias del PP, porque la investigación abierta ha permitido «mejorar el control para garantizar el máximo rigor en la gestión de fondos públicos».
Marzà aseguró que su departamento ya ha tomado medidas para «poner orden». La primera es pedir a los concertados que acrediten que los docentes en nómina «tienen la titulación adecuada, algo que, aunque parezca extraño, no se hacía hasta ahora».
La segunda es que Educación «está trabajando en el desarrollo de una aplicación informática que permita cruzar datos de nóminas y horarios». El objetivo de este mecanismo de control es corroborar que los salarios que abona la conselleria a los docentes de la concertada mediante la fórmula del pago delegado «correspondan con lo que se hace en el horario».
Profesores «de otra pasta»
Navarro señala que Compromís presentó la denuncia porque le resultó extraño que «hubiera docentes de 73, 80 o de 83 años dando clases a jornada completa». «¿Un milagro, o los docentes religiosos están hechos de otra pasta?», se preguntó la diputada dado que la mayoría de los colegios investigados son católicos.
«La realidad es que no estaban dando clase y muchos se habían jubilado años antes pero continuaban cobrando, y quizá ni lo saben, porque quien cobra son las congregaciones para las que trabajan», aseveró Navarro. «¿Estamos hablando de financiación opaca o ilegal a la Iglesia católica?», apunta Navarro. «Eso es lo que ya está hoy en manos de la justicia», concluyó la parlamentaria.
