La Intervención General del Estado ha enviado un perito al juzgado número 18 de Valencia que investiga el caso Imelsa a instancias del juez instructor. La ingente cantidad de documentación a la que tiene que hacer frente y el hecho de que se haya solicitado revisar documentados de años atrás, en concreto hasta 2007, ha obligado a reclamar refuerzos. Además, la Diputación de Valencia también ha ampliado la auditoría «forense» que analiza todo el soporte digital de la antigua Imelsa, que tendrá un coste de 200.000 euros, para ayudar en lo posible a la investigación. El actual presidente, Jorge Rodríguez, quiere recuperar toda la parte del dinero defraudo que sea posible. c. alós valencia