El pleno del Consell aprobó ayer un decreto ley para agilizar la tramitación de la renta garantizada de ciudadanía, una medida «extraordinaria y urgente» para eliminar el tapón de más de 15.000 expedientes atrapados por la burocracia que impide a miles de familias contar con una ayuda mensual para subsistir. La urgencia del decreto, sin embargo, ha provocado un choque técnico entre dos consellerias. En concreto, entre la de Igualdad y Políticas Inclusivas y la de Hacienda y Modelo Económico, las de Mónica Oltra y Vicent Soler, respectivamente.
El decreto aprobado contempla dos ejes principales. El primero, que el plan familiar que deben elaborar los servicios sociales de los ayuntamientos no se convierta en un escollo para acceder a las ayudas. Hasta hoy, si se demoraban más de dos meses, el procedimiento se paralizaba. A partir de ahora el expediente continuará su curso independientemente del estado en que se encuentre el informe de los servicios sociales.
Es el segundo punto el que ha centrado las críticasdel director general de Presupuestos, José Moreno. El alto cargo abogaba hace unas semanas en un informe al que ha tenido acceso Levante-EMV por suprimir este segundo artículo, a través del cual se habilita un cambio en el personal que se dedica a tramitar estos expedientes. «Básicamente se trata de que cuando un funcionario de estos departamentos está de baja, pueda ser sustituido rápidamente por otro empleado, como ocurre con los médicos o los maestros. Es igual de grave no tener profesor que no tener un técnico que gestione estas ayudas, dada la emergencia social en la que nos encontramos», defendía ayer la vicepresidenta Oltra.
Sin embargo, Moreno exponía en el informe que «la materia afecta a competencias de la conselleria de Hacienda, [...] que ya está tramitando un acuerdo específico». Además, sostiene que «no es adecuado el recurso al decreto ley como instrumento jurídico para articular el régimen de cobertura temporal de los puestos de atención directa», es decir, que se debería haber buscado otra vía para activar esta modificación.
«No hay discrepancia»
Tanto desde la conselleria de Igualtat como desde la de Hacienda quitaron ayer hierro al asunto. «Siempre que se va a aprobar alguna medida que atañe a más consellerias se consulta con sus responsables en qué medida les afecta», explicaron fuentes de Igualtat. «Es lógico que el director general de Presupuestos haga un informe respecto a una medida que modifica los presupuestos de la Generalitat», añadieron.
Por su parte, desde Hacienda apuntaron a que el acuerdo del Consell del 8 de julio por el que se daba prioridad a cubrir vacantes en campos de asistencia como la violencia machista o la renta garantizada ya recoge estos aspectos que señalaba el director general y que en el decreto aprobado ayer «ya se han solventado» las enmiendas que proponía Moreno.
Por su parte, el conseller Soler señaló que tanto él como el director general concuerdan y apoyan el criterio político de la medida. «En estos momentos hay que dar prioridad a la emergencia social y a las propuestas que ayuden a paliarla. Ese es el ADN del Pacte del Botànic», remarcó el conseller.
