La alcaldesa de Vallada, María José Tortosa (PSPV), ha anunciado que recurrirá a un referéndum entre los vecinos para trasladarles la responsabilidad de si aceptan o no la planta de tratamiento que el Consorcio de Residuos proyecta construir en esta localidad.
El conflicto de la basura abierto tras la paralización de la macroplanta prevista en Llanera de Ranes, continúa instalado en el área de gestión del Consorcio de Residuos V5 (COR), con 350.000 habitantes, una producción anual de 132.000 toneladas de basura y una sola, aunque moderna, instalación para la transferencia de residuos situada en Ròtova, donde su alcalde, Antonio García Serra, del PP, ha anunciado también un referéndum para ampliar la planta y convertirla en un centro de tratamiento de residuos.
Mientras tanto, la Generalitat asiste como observadora a este proceso y ha realizado gestiones para que el Ente Metropolitano de Tratamiento de Residuos (Emtre), acepte provisionalmente en sus instalaciones hasta 90.000 toneladas de basura de estas comarcas.
La Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, a través de la dirección general de Cambio Climático, prefiere y apoya la vía del diálogo y la participación, aunque las posibles consecuencias legales de la paralización del vertedero de Llanera y la falta de acuerdos municipales convierte al COR 5 en un candidato claro a la intervención contemplada en el nuevo decreto de medidas urgentes del Consell para «garantizar la correcta gestión de los residuos municipales».
La normativa contempla la actuación «inmediata» de la Generalitat en casos de situaciones de «afecciones ambientales o de riesgo para la salud de la población».
Focos de conflicto en 3 municipios
El COR inició en abril un proceso que dejó en manos de los 93 ayuntamientos la posibilidad de ofertar terrenos para acoger infraestructuras de tratamiento.
Culminado el plazo , solo Vallada (la Costera), Bufali (la Vall d'Albaida) y Ròtova (la Safor) presentaron candidatura. Sin embargo, el proceso ha generado focos de conflicto en las tres localidades y ha despertado movimientos de oposición promovidos por vecinos y fuerzas políticas del propio municipio o de poblaciones aledañas. El temor al coste político de la decisión ha conducido a los alcaldes de Ròtova y Vallada a anunciar que someterán a consulta la construcción de las infraestructuras.
La última controversia se ha generado en Vallada. El gobierno municipal socialista convocó el 30 de junio un pleno extraordinario y urgente para ofrecer al COR una porción de la gigantesca superficie del frustrado parque logístico de Valpark, que ha generado una deuda de 20 millones al municipio, el más endeudado de la Comunitat Valenciana. El punto se aprobó con la unanimidad de las dos fuerzas del consistorio: PSPV y PP. Sin embargo, dos semanas después, los populares se descolgaron del acuerdo y forzaron otro pleno extraordinario para pedir la anulación de la propuesta, tras asegurar que la construcción de la planta es incompatible con el Plan Especial de Valpark.
La alcaldesa apuesta por convocar un referéndum para que los vecinos puedan expresar su opinión sobre el emplazamiento. Eso sí, la munícipe quiere que éstos dispongan de tiempo suficiente para posicionarse en las urnas con la máxima «información verídica» y conociendo los beneficios que reportará la infraestructura en materia de ingresos municipales y empleo. El equipo de gobierno prevé dar «un par de meses» antes de la votación. También en Ròtova el alcalde se ha dado un plazo para ampliar la información disponible antes de la convocatoria del referéndum.
