La sociedad Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat (Ciegsa) debería tener los días contados. Entre las recomendaciones que los auditores de la empresa pública realizan al Consell figura la de tomar ya una decisión respecto a la empresa que construye los colegios y gestiona las aulas prefabricadas.
Tanto el documento elaborado por la Intervención de la Generalitat como la auditoría externa señalan que la ley recoge desde 2012 la extinción de la firma y su integración en la Entidad de Infraestructuras (Eige).
La empresa pública acumula un negro historial hasta el punto de que los investigadores del caso Imelsa consideran que la empresa de los colegios, cuya sede fue registrada por la Guardia Civil el pasado mes de enero, se creó «desde el minuto cero« para cobrar comisiones con los modificados de los proyectos de los centros.
Pero la ley que obliga a su extinción no se cumple en el caso de Ciegsa. El artículo 29 del decreto ley de 2012 sobre medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y
Fundacional preveía la incorporación de la totalidad de las acciones de la sociedad, titularidad de la Generalitat, a favor de la Entidad de Infraestructuras, momento a partir del cual se procederá a la extinción de la sociedad mediante la cesión global de su activo y pasivo. Pero, la empresa pública, donde los sobrecostes por la construcción de colegios pudieron alcanzar los 1.129 millones de euros, según la Generalitat, sigue activa.
Por eso, «la principal recomendación» de los interventores de la Generalitat va encaminada a que se agilicen las acciones, tanto por parte de la propia sociedad como por su accionista único, el Consell, para que se clarifique la situación jurídica de la sociedad atendiendo también al hecho de que el convenio de colaboración firmado en los inicios de Ciegsa con la Conselleria de Educación establece como fecha límite para la reversión de los edificios construidos por la sociedad el 31 de diciembre de 2015. La recomendación de los técnicos es clara: que se cumpla la ley, es decir que se extinga la empresa, o que que se cambie la norma si lo que se quiere es salvar la empresa, pero que no siga más tiempo en esa especie de limbo en la que se encuentra porque dificulta la toma de decisiones y medidas a aplicar, según el informe incluido en la cuenta general.
