«Una incongruencia política». Éstas fueron ayer las palabras con las que el alcalde de Alzira, Diego Gómez, definió la carta remitida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a los ayuntamientos, incluido el de Alzira, para exigir el cierre de empresas públicas. El consistorio alcireño ya ha procedido a la liquidación de las empresas que gestionaban la emisora municipal Alzira Ràdio y el complejo deportivo creado en torno a la piscina cubierta, que ha llevado aparejada la municipalización de ambos servicios. La delegación del Gobierno, no obstante, ha aparecido en este proceso para impugnarlo, lo que ha generado la indignación de Gómez.
A finales del año pasado concluía el plazo establecido por el Ejecutivo estatal para que las administraciones locales liquidaran las empresas públicas deficitarias, siguiendo las directrices de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Todas aquellas entidades que no hubieran corregido su situación antes del 1 de diciembre de 2015 tan sólo tenían una opción: Aprobar su desaparición.
Ante tal tesitura, el Ayuntamiento de Alzira, como tantos otros, se vio en la obligación de echar el cierre a las empresas que gestionaban la radio local y el servicio de la piscina municipal. Sobre esta cuestión, Gómez se mostró tajante: «Hemos liquidado las empresas como tocaba hacer, Alzira ha cumplido la ley».
Es por ese motivo que el alcalde no entiende que, en primer lugar, la delegación del Gobierno se posicione en contra de la municipalización de los servicios y que, posteriormente, el ayuntamiento reciba la misiva del ministerio que encabeza Cristobal Montoro: «Es una incongruencia política, el ministerio pidió en su momento que procediéramos de una manera y ahora, la delegación del Gobierno en funciones, del mismo partido, nos dice todo lo contrario», manifestaba Diego Gómez.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Cullera también ultima la liquidación de Emucsa, una empresa urbanizadora de carácter municipal que no ha cumplido la función para la que fue creada.
En l'Horta el Ministerio de Hacienda y Administración ha remitido un requerimiento al Ayuntamiento de Torrent para que en el plazo de 15 días proceda a liquidar el Consell Agrari. La causa es que en el ejercicio 2014 cerró su presupuesto con un déficit y, desde entonces, no se ha presentado un plan de corrección de este desfase. Y también Hacienda se ha dirigido al Ayuntamiento de Burjassot para que liquide el Instituto Municipal de Cultura y Juventud y la Fundació Estellés.
Ahora se ha sabido también que el ministerio se ha dirigido al gobierno de Paterna para que liquide tres de sus empresas municipales y fundaciones. La primera es la Sumpa, a la que se le encargó durante años el desarrollo urbanístico de Paterna y que se encuentra en concurso de acreedores al arrastrar una deuda de 51 millones. En cuanto a la Fundación Innovación de la Infancia, creada para crear una «superguardería», el consistorio ha solicitado cambiar el patronato a la Generalitat para que la corporación municipal sea el único patrono y está negociando con el Instituto Valenciano de Finanzas reducir la deuda de 5 millones. Por último, la empresa DLP (creada también por el PP, en este caso para grandes proyectos), el pleno ya había aprobado su liquidación y falta que el registrador mercantil la inscriba.
XIMO PUIG
"¿A qué juegan? Saben cuál es nuestra situación"
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró ayer que «es increíble» que un gobierno en funciones «para lo único que sirva es para hacer la vida imposible a los valencianos». Para Puig «esa es su preocupación», puesto que «los valencianos no quieren establecer ningún conflicto. Queremos que soluciona el problema valenciano, que es infrafinanciación, infrainversión y deuda histórica», indicó, «sino, hay cinco millones de españoles que están absolutamente discriminados. Puig preguntó «a qué juegan» Beteta y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, puesto que «son conscientes de la situación de dificultad de las finanzas valencianas». Así, recalcó que el problema de la C. Valenciana «no es de gasto», sino de «ingresos» y aseguró que «no se va a renunciar a lo que pertenece a los ciudadanos: servicios públicos de calidad».
JUAN CARLOS MORAGUES
"No hay ningún agravio a la C. Valenciana"
El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, aseguró que «no hay ningún agravio» a los valencianos, puesto que se están remitiendo misivas a localidades de todo el territorio estatal. Asimismo, puso énfasis en que esa medida no afecta a la prestación de los servicios públicos, «que no se tocan». «Cuando hablamos de déficit público, lo que queremos es buscar la sostenibilidad de las cuentas. Nuestro compromiso en la reducción del déficit es evidente pero siempre manteniendo los servicios públicos básicos y fundamentales y, si queremos hacerlo, es un escenario de estabilidad presupuestaria, de tipos de intereses bajo para hacer frente a la deuda y tener más dinero para los servicios públicos», razonó. «Con esas cartas, se ha recordado lo que prevé la ley», aseveró el delegado del gobierno. «Lo que queremos es que sanear las empresa públicas», añadió Moragues.
MANOLO MATA
"Montoro está ahogando a los pequeños consistorios"
El portavoz socialista en las Corts, Manolo Mata, anunció la presentación de una Proposición No de Ley para instar al Gobierno a que paralice la orden de cierre de las empresas públicas deficitarias hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre la aplicación de la ley, que actualmente está recurrida. En esta línea lamentó que «de nuevo sea un gobierno en funciones el que tome decisiones tan graves y decisivas para el funcionamiento de los servicios básicos que los ayuntamientos ofrecen a los vecinos». «Basta ver los números de la Sareb, de Aena o de Adif, generan miles de millones de deuda y ahora Montoro quiere resolver esta cuestión ahogando a pequeños consistorios que utilizan empresas públicas para recoger la basura, sanear sus aguas e impulsar políticas de juventud», denunció Mata. «El ministro Montoro es el más abominable de los políticos españoles», arremetió Mata.
RUBÉN ALFARO
"Es una embestida más del ministro de Hacienda"
La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) criticó «el ataque del Ministro de Hacienda y Administraciones públicas a los ayuntamientos valencianos». El presidente de la FVMP, Rubén Alfaro consideró que tanto en el procedimiento empleado como el contenido del mismo supone un ataque directo al principio de autonomía local. «La comunicación del Ministro Montoro no deja margen a los consistorios afectados para reaccionar», lamentó. La FVMP dudó además de que este requerimiento cumpla el principio de seguridad jurídica, «ya que deja en un escenario de indefensión a las entidades locales». «Montoro ha demostrado una vez más el poco respeto que tiene a los consistorios, anunciando apercibimientos y señalando denuncia. Esta embestida de Montoro es una más que va en línea con la ley de Racionalización, ataca los servicios públicos locales». levante-emv valencia
Pedreguer tiene 15 días para cerrar su escuela infantil
«Totalmente surralista». Así ha reaccionado el alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús, de Compromís, a la carta enviada por el ministerio de Hacienda en la que da 15 días al ayuntamiento para cerrar la fundación pública de la escuela infantil La Glorieta. Ferrús ha subrayado que el ministerio no había comunicado ninguna irregularidad antes al consistorio y ha aclarado que el déficit de la escuela infantil es de solo 12.000 euros. El munícipe ha incidido en que el ayuntamiento tiene un remanente positivo de más de un millón de euros y cumple de sobra la estabilidad presupuestaria.
El alcalde ha convocado un pleno extraordinario para extinguir la fundación, cuyas funciones las asumirá a partir de ahora el ayuntamiento. Por tanto, el servicio de escuela infantil se seguirá prestando.
