El Consell ha aprobado hoy el decreto que fija la oferta empleo público de la Generalitat Valenciana para el año 2016, que asciende a un total de 863 plazas que serán convocadas en el plazo máximo de un año desde la publicación del texto legal.
Según un comunicado, 342 de las 863 plazas a cubrir serán por oposiciones libres, 350 por promoción interna y 171 mediante promoción interna restringida reservada al personal laboral fijo.
La oferta fue negociada con las organizaciones sindicales representadas en la Mesa Sectorial de Función Pública, órgano que aprobó la propuesta de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas en la reunión mantenida al efecto el pasado 29 de julio.
La oferta se ajusta a las tasas de reposición fijadas en las leyes presupuestarias tanto estatal como de la Generalitat, que para 2016 limitan la incorporación de nuevo personal al 100 % de las vacantes producidas en los sectores prioritarios y al 50 % para el resto de los sectores de la administración autonómica.
Para paliar estas carencias, el Consell se ha comprometido a aprobar para todos los años de esta Legislatura ofertas de empleo público en todos los sectores de la administración, así como incluir en dichas ofertas el mayor número de puestos de trabajo que permita la normativa estatal.
Entre las plazas a cubrir mediante el sistema de oposición libre, la oferta prima algunos perfiles profesionales de los que la administración valenciana tiene carencias, como ingenieros de caminos, agrónomos, arquitectos, psicólogos, ingenieros técnicos, trabajadores sociales o técnicos agrícolas.
Asimismo, tanto en las plazas en oferta pública como las que serán cubiertas mediante promoción interna, el decreto incluye medidas para garantizar que los procesos de selección respetarán el principio de igualdad entre mujeres y hombres.
La oferta aprobada cumple, aseguran desde la Generalitat, con la Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana en lo que respecta a la reserva de un cupo no inferior al 7 % de las vacantes ofertadas para ser cubiertas por personas con diversidad funcional, el 5 % destinado a personas con diversidad física o sensorial y el 2 % a personas con diversidad funcional intelectual.
