«No es una cuestión política, sino jurídica». El Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, defendió ayer que las inspecciones que Trabajo ha realizado en los 187 municipios valencianos de menos de 5.000 habitantes no esconden ningún ataque a estas localidades, sino que es una mera cuestión de «regularizar la situación de los trabajadores» que, como técnicos, prestan sus servicios en estos consistorios mediante convenios profesionales firmados a través de la Diputación de Valencia. Una práctica que «lleva haciéndose 30 años», según informa la corporación provincial, y por la cual arquitectos, ingenieros y demás profesionales cobran en calidad de autónomos.

Como publicó Levante-EMV, se han abierto 187 expedientes (a cada uno de los pueblos afectados) para exigir a los ayuntamientos que asuman a estos trabajadores como propios, los incluyan en el régimen de la Seguridad Social y se pongan al día de sus cuotas de los últimos cuatro años, con unos recargos que van desde los 20.000 a los 40.000 euros. En total, se deberían abonar unos tres millones de euros a la tesorería de la S. Social. Según reveló Moragues, las inspecciones comenzaron porque uno de estos consistorios realizó una consulta a Trabajo, consulta que llevó a la Inspección a comenzar a visitar el resto de pequeños municipios.

En una reunión con el delegado, el presidente de la diputación, Jorge Rodríguez, y la diputada Conxa Garcia, trasladaron su «malestar» por estos expedientes. Moragues asume ahora una especie de mediación con la dirección de la Seguridad Social y con el secretario de estado de Trabajo. «La predisposición es la de llegar a un acuerdo», señaló Garcia, quien añadió que mientras, la diputación mantendrá estos convenios y garantizará la prestación de estos servicios. Tanto desde la delegación como desde la diputación trasladaron un mensaje de calma: el conflicto «tiene solución», aseguran.