El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha admitido a trámite los cinco recursos judiciales interpuestos por la Fundación Universitaria San Pablo CEU contra las órdenes de becas universitarias publicadas por la Conselleria de Educación. Las órdenes del departamento que dirige Vicent Marzà impiden becar a alumnos de las universidades privadas siempre y cuando los centros públicos oferten los mismos estudios en la Comunitat Valenciana.
El argumento jurídico principal de la Fundación Universitaria San Pablo CEU en los cinco recursos contencioso-administrativos es el mismo: cuando un estudiante cumple los requisitos de nivel de renta exigidos en las convocatorias es «discriminatorio» que no se le conceda la beca en función de la titularidad privada del centro que ha elegido para formarse, según apuntaron ayer fuentes oficiales de la Universidad Cardenal Herrera-CEU.
Sólo en las becas de excelencia el requisito no es económico, ya que éstas se conceden por expediente. «En este caso —agregan las mismas fuentes— es discriminatorio que estudiantes con las mismas calificaciones no tengan acceso a las mismas becas, más aún teniendo en cuenta que los beneficiarios de estas ayudas las pueden destinar a estudiar másteres tanto en centros públicos como en privados».
Las cinco órdenes que han soliviantado a las universidades privadas valencianas excluyen a sus alumnos de la posibilidad de obtener cinco clases de becas: las becas generales para estudios universitarios; las becas de finalización de estudios, para alumnos a los que les quedan pocos créditos por aprobar para terminar la carrera; las becas de compensación (el tramo autonómico de las becas que concede el ministerio); las becas salario; y las becas de promoción de la excelencia académica, que sustituyen a los anteriores Premios al Rendimiento Académico.
Una medida sin negociación
El conseller Marzà ha justificado la decisión de la Generalitat en que su prioridad se centrará en la educación pública, «no en una oferta privada de una empresa privada». En la misma línea, la vicepresidenta Mónica Oltra aludió a los «intereses económicos privados» de las cuatro universidades privadas valencianas y recalcó que «no hay comunidad autónoma en España, excepto Castilla y León, donde se beque a alumnos de universidades privadas, porque hay una elección previa y es voluntaria». En este campo no ha habido negociación posible entre las entidades afectadas y el Consell. También el cardenal Antonio Cañizares, gran canciller de la Universidad Católica de Valencia, ha arremetido con dureza contra esta decisión.
La medida, además de beneficiar a más estudiantes de la universidad pública, perjudicará a miles de estudiantes de la privada. Un paralelismo con el curso 2014-15 es ilustrativo: de los 3.121 alumnos de la privada con ayuda en aquel ejercicio, hubo 53 becas de exención de tasas que cubrían el precio público del grado; 28 ayudas Erasmus; y 2.940 becas complementarias a las del Ministerio de Educación para cubrir el incremento del tramo autonómico de las tasas universitarias públicas. El 8 % de los becarios de la Generalitat iba a la privada en ese curso.
