La Audiencia de Valencia considera que las declaraciones en las Corts de la médico del SAMU sobre el accidente del metro «no revisten en los actuales momentos ninguna apariencia delictiva», por lo que, según anunció ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ), revoca la decisión del Juzgado de Instrucción 9 de remitir a la Audiencia Nacional las diligencias abiertas.
La médico, Carolina Ligorit, aseguró en la comisión de investigación de las Corts, haber visto los cuerpos del maquinista y de la interventora en la cabina del vagón siniestrado y no en las vías donde los ubican policías y dos testigos.
Tras esto, el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia -que investiga el accidente-, pidió que otro juzgado investigara si la médico faltó a la verdad y cometió un delito contra las Instituciones del Estado previsto en el artículo 502.3 del Código Penal.
La causa cayó en Instrucción 9, cuyo titular consideró que la Audiencia Nacional era el tribunal competente, y la decisión fue recurrida por la Fiscalía.
La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia, que estima el recurso del Ministerio Público, concluye que los hechos «no revisten en los actuales momentos ninguna apariencia delictiva (...) mientras no exista una sentencia o auto que ponga fin al procedimiento judicial en el que se haga constar la verdad formal sobre el lugar que ocupaban los cuerpos después del siniestro».
La resolución destaca asimismo la «intrascendencia de la manifestación supuestamente falsa» tanto para la investigación judicial como para la parlamentaria, indican las mismas fuentes del TSJ.
Conclusiones en septiembre
Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia rechaza los recursos interpuestos por los exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) contra la decisión de la instructora de tenerlos como investigados (imputados) en este procedimiento, según informó ayer el TSJ valenciano.
Se trata de la exgerente de FGV, Marisa Gracia, y de otros cinco ex responsables: el exdirector de auditoría y seguridad en la explotación, el exdirector de operaciones, el exjefe de mantenimiento de instalaciones fijas, el exjefe de talleres de Valencia Sud y el exjefe de la Línea 1.
Así, la instructora del accidente admite que los indicios que existen contra ellos son «frágiles» pero explica que esperar a recibir el informe pericial que está elaborando la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) para decidir si les imputa pondría en peligro la investigación ante el riesgo de que los posibles delitos prescribieran.
La jueza acordó el pasado mes de junio tener como investigados a los seis exresponsables, y lo hizo a petición del abogado de la Asociación Víctimas del Metro 3 de Junio (AVM3J), que representa a las familias de 13 de las 90 víctimas del accidente ferroviario, informan las mismas fuentes.
Pese a esto, mantiene su intención de no citarles a declarar hasta disponer del informe, que fue pedido por la Audiencia Provincial de Valencia en junio de 2015. El documento debe determinar si FGV cumplía con las normas de seguridad exigibles y aclarar si el cambio de ventanas de los vagones incidió en el desprendimiento de las mismas; y si el trazado de la curva en la que el convoy descarriló exigía la existencia de una baliza.
Se prevé que el informe pericial que está elaborando la AESF esté listo en octubre, pero la magistrada ha exigido a los peritos que adelanten las conclusiones provisionales a la primera quincena de septiembre.
