A qué hospitales podrán ir los estudiantes de la rama sanitaria de las tres universidades privadas de la Comunitat Valenciana para hacer sus prácticas pregrado en el curso 2016-2017 se antoja toda una incógnita a solo un mes del inicio oficial del curso académico.

Si el TSJ estableció el pasado miércoles que, al menos, los matriculados en la Universidad Católica «San Vicente Mártir» de Valencia empezarán el curso como hasta ahora al suspender cautelarmente la decisión del Consell de excluirlos del circuito público, ahora un nuevo recurso de similares características puede seguir poniendo patas arriba el escenario -y los planes del Consell- de aquí a septiembre.

Fuentes de la Universidad Cardenal Herrera-CEU confirmaron ayer que ellos también han recurrido ante los tribunales la decisión del Consell de apartarlos de los hospitales públicos, además «en similares términos».

De hecho, fuentes de la universidad aseguraron que esperan obtener una respuesta «parecida» del Tribunal Superior de Justicia a la dada a la Universidad Católica y confían en que, como ellos, de aquí a septiembre, sus alumnos de primer curso sí estarán en los hospitales públicos.

Resolver irregularidades

Con todo, habrá que esperar a la resolución de este segundo recurso (todavía no notificado a la Conselleria de Sanidad, según dijeron ayer) y al también anunciado ayer por la Generalitat Valenciana en contra del auto del TSJ que deja sin efecto temporal la separación de estudiantes en las prácticas según su universidad de procedencia.

Los responsables de la Generalitat mantienen su argumentación: la necesidad de aplicar el Real Decreto 420/2015, que marca que cada hospital universitario solo podrá estar vinculado a una universidad para cada titulación pero también, y sobre todo, su empeño de acabar con las «flagrantes irregularidades», detectadas en el área de Personal.

Tanto Sanidad como Educación quieren acabar con esta situación «anómala y manifiestamente irregular» en la que se venía permitiendo, según aseguran, que profesionales de la Sanidad pública estuvieran ejerciendo «en su horario laboral» el tutelaje de alumnos para centros privados. Además, estos profesores no pasaban «por procesos reglados y selectivos mínimos» y el doble circuito es, para ellos, la solución.

Estas serán los principales argumentos de un recurso cuya resolución, al igual que el del CEU está llamado a cambiar decisivamente el cómo se va a trabajar durante el próximo curso.

Mientras se espera a los tribunales, en el CEU siguen trabajando el escenario de que, finalmente, sí pueda haber separación. Fuentes del centro aseguraron que mantienen «todas las líneas de trabajo abiertas» por si su recurso no tiene el efecto esperado «desde los acuerdos con los hospitales privados y de concesión administrativa hasta las nuevas aulas de simulación para realizar prácticas intramuros».

Ahorro para la UCV

En la Universidad Católica ayer hacían recuento de la nueva situación. En la práctica, los 1.150 alumnos que este año cursarán segundo o cursos posteriores tanto en Medicina (720 estudiantes) como en Enfermería (430 alumnos) no van a «notar» el efecto de la suspensión cautelar.

Sanidad y Educación ya habían previsto un periodo transitorio para que los ya matriculados no se vieran afectados por el cambio de las reglas del juego y pudieran seguir en los hospitales públicos su practicum. Con el auto del TSJ en la mano, el cambio lo verá, sobre todo la dirección de la UCV que no tendrá que «pagar» por ese servicio a la UV. Los que sí se «benefician» de la decisión judicial son la sesentena de alumnos de Enfermería que empezarán primero en septiembre y que, este año, ya tendrán prácticas. Su destino, si el TSJ no acepta el recurso de la Generalitat podrán ser los hospitales públicos y no solo los cuatro bajo concesión administrativa.

Ayer desde la UCV volvían a tender la mano a la administración. Según el rector de la UCV, Ignacio Sánchez-Cámara, se ofrecían para seguir «colaborando desde el diálogo sincero» con el Gobierno Valenciano ahora que la aceptación de su recurso había dado «tiempo para encontrar soluciones en común que permitan regularizar las prácticas» porque, «además, hay plazas para todos».