La Diputación de Valencia destina cada año unos 40 millones de euros en la mejora y conservación de una red viaria de 1.800 kilómetros, dividida en seis demarcaciones, según destacaron ayer desde la administración provincia tras la visita de su presidente Jorge Rodríguez a los técnicos de Carreteras.
Pablo Seguí, responsable del Área de Carreteras, indicó ayer que con la nueva corporación se ha producido un cambio en el modelo que «prescinde de las obras faraónicas para centrarse en la conservación y la calidad de las infraestructuras existentes y el refuerzo de la seguridad vial, con la eliminación de puntos de tráfico conflictivo». Seguí ha fijado como objetivo de su departamento «devolver el prestigio a Carreteras con transparencia y portando la bandera de la ética a la hora de gestionar un área muy compleja que vertebra el territorio de la provincia».
En cuanto a la modernización, se ha implantado «un novedoso sistema de control de datos que permite seguir al minuto el estado de las actuaciones que se emprenden en Carreteras», según señalaron las mismas fuentes, desde el estado de licitación o ejecución de una obra a las consultas de los alcaldes o técnicos municipales que hacen una solicitud o exponen sus dudas al departamento.
Vías ciclistas y peatonales
Seguí destacó que las vías ciclistas y peatonales serán otro de los puntos fuertes de las obras de carreteras de la presente legislatura, mientras que el jefe del área de carreteras, Javier Piedra, indicó que primero se ha «definido qué red de carreteras queremos y después fijamos en qué puntos y cómo se va a ir actuando en los próximos años, teniendo en cuenta que un proyecto tarda tres años desde que se toma la decisión de llevarlo adelante hasta que se puede ejecutar».
Desde la Diputación explicaron que entre los retos más inmediatos figuran acabar con los puntos negros de la red viaria provincial; desarrollar un programa de seguridad vial que analice los datos de siniestralidad de la DGT y trabaje en la prevención; apostar por obras «que lleguen a todas las comarcas dando respuesta a reivindicaciones vecinales»; y un cambio en los pliegos para que el factor económico sea prioritario, «pagando el precio justo por las carreteras».
