La ubre de dinero público con la que la trama corrupta del «Caso Taula» estaba acostumbrada a amamantarse parecía interminable. La casuística para conseguir el dinero era variada.
El exyonki del dinero, Marcos Benavent, explicó en su primera comparecencia ante la Guardia Civil, el 1 de junio de 2015, cómo obtenían dinero fácil y rápido. «En uno de los casos en el que le era solicitado dinero por parte de Alfonso Rus, supuestamente para el Olímpic de Xàtiva, Benavent tenía que concertarse con algún empresario para, a través de una factura falsa, dar apariencia de legalidad a la procedencia del mismo», relatan los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Facturas ficticias
A partir de ahí la mecánica corrupta era la siguiente: «El Olímpic de Xàtiva emitía una factura falsa al empresario en cuestión mientras que éste, a su vez, emitía una factura por servicios inexistentes a Imelsa (Impulso Económico y Local SA, la empresa pública de la Diputación de Valencia)». Esta facturación ficticia «puede ascender a un importe de varios cientos de miles de euros», según admitió Benavent a los agentes. Las empresas que «se ofrecieron a realizar esta operativa era Cleop mediante Carlos Turró, Luján a través de Javier Luján y Meydis». De esta última, Benavent no recordaba quién representaba a esta sociedad, aunque sí que era «la encargada de la gestión del correo postal relativa al Partido Popular».
Los empresarios Carlos Turró y Javier Luján fueron dos de los detenidos en la macrorredada realizada por el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia el pasado 26 de enero y en la que se detuvo a los círculos de confianza de dos antiguos puntales del Partido Popular en Valencia: el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, como de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
