En sus más de 30 años de historia la Generalitat no ha estado exenta de sospechas de filtración de exámenes en sus ofertas de empleo público. Otra cosa es que las fugas de información sean algo generalizado o que todas las producidas hasta ahora hayan trascendido a la opinión pública. Quienes conocen a fondo las entrañas de la administración valenciana (algunos de ellos, están ahora en puestos de responsabilidad) admiten en privado que, con la aquiescencia de algunos actores (academias, sindicatos, políticos, miembros de tribunales), ha habido muchas oposiciones carentes de la limpieza que la ley exige. Realidad o ficción, la sombra de la sospecha está ahí y el actual Consell quiere que desaparezca.
La Conselleria de Transparencia que dirige Manuel Alcaraz está trabajando ya en un plan para que las primeras oposiciones de la izquierda en 20 años estén libres de polvo y paja. Es, además, el momento, ya que el Consell ya ha anunciado que abrirá la veda del empleo público en la administración autonómica y convocará ofertas todos los años hasta finalizar la legislatura. Para 2016 está aprobada ya una oferta pública integrada por más de 800 plazas, de las que más de 300 serán de oposición libre.
El plan de la Conselleria de Transparencia ha arrancado ya con el encargo a la Inspección de Servicios de la Generalitat de que escudriñe procesos selectivos ejecutados en el pasado (se revisarán oposiciones concretas ya completadas) y haga un listado de los puntos débiles de los procedimientos, es decir, que determine donde hay mayor probabilidad de que se produzcan fugas de información. El objetivo es mejorar los mecanismos de control para garantizar que la confidencialidad de los datos es absoluta y que ninguna información sale del estrecho círculo de personas que participan en este tipo de procesos selectivos.
Con el informe en la mano, la conselleria hará una propuesta para aumentar los controles y propondrá una serie de cambios. El trabajo de la Inspección de Servicios (se han destinado a dos personas a esta tarea) debe estar listo en el primer trimestre de 2016, según consta en el plan de actuación de la órgano 2016-2017.
En espera de las conclusiones del informe, en la conselleria ya se trabaja en algunas ideas que, sobre el papel, reducirían el riesgo de que algún opositor tuviera ventajas sobre otros al tener acceso anticipado a las pruebas.
Fuentes de la conselleria explicaron a este diario que hay cuestiones que en pleno siglo XXI carecen de sentido, como por ejemplo, la técnica de fotocopiar exámenes antes del día de las pruebas.
Es cierto que estos procesos están muy controlados ya que en teoría existe reserva absoluta sobre los lugares donde se imprimen los exámenes. Con todo, el control absoluto no es fácil ya que el proceso deja rastro y pasa por varias manos: impresiones defectuosas que acaban en la papelera, borradores, etc. Las primera de las pruebas habituales en una oposición tipo, el examen tipo test, es el que genera más dudas en el departamento de Manuel Alcaraz.
La elección previa de las preguntas por parte de los miembros del tribunal podría ser sustituida, apuntan, por una selección aleatoria de las cuestiones el mismo día de la prueba. La impresión del documento, podría hacerse in situ, apuntan, aunque ello obligaría a contar previamente con un listado muy abultado de preguntas, miles, quizás.
La suerte, añaden, debería regir también las pruebas prácticas, como ocurre con los exámenes de desarrollo de temas, que normalmente el opositor elige sacando una bola con un número.
Transparencia mantiene que una vez conocido el informe y meditadas las propuestas las hará llegar al Consell para tratar de que empiecen a aplicarse cuanto antes. La investigación iniciada busca también acortar los plazos de los procesos selectivos que se eternizan a veces por cuestiones burocráticas o por las discusiones internas entre los miembros del tribunal. No puede ser, indican que las personas que aspiran a una plaza de empleo público tengan a veces incluso años de espera.
