El sector público valenciano que el Consell de PSPV y Compromís se propuso redimensionar cuando tomó las riendas de la gestión autonómica en julio de 2015 sigue siendo un auténtico lastre para las maltrechas arcas de la Generalitat. Un peso en la mochila que no deja de generar deuda.
La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico autorizó el pasado 28 de julio -aunque la resolución se conoció ayer- el pago de 60,2 millones de euros para hacer frente a las obligaciones generadas por el sector público, que se financiarán con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el préstamo del Estado. Aunque la cifra puede resultar poco relevante en el conjunto de la deuda de la administración, más de 40.000 millones, no deja de ser sustancial ya que con ese dinero se puede pagar, por ejemplo, medio año de ayudas a la dependencia.
El departamento que dirige Vicent Soler ha dado el visto bueno a la generación de crédito financiado con el dinero del rescate para hacer frente a la deuda financiera, la contraída por las empresas públicas con entidades bancarias.
Entre los 60 millones se incluyen 35,4 en vencimientos del Institut Valencià de Finances (IVF) y 17,1 generados por la Ciutat de les Arts i les Ciències como cargos más relevantes. Otros 5,3 millones permitirán tapar agujeros de la entidad pública de Saneamiento de Aguas Residuales y otro millón de euros otorgará oxígeno financiero al instituto ferial alicantino. También el aeropuerto de Castelló recibe fondos que la Generalitat carga a los préstamos del Estado por 524.094 euros, además de otros 250.000 euros de deudas de la sociedad de proyectos temáticos.
El Consell acordó el pasado 4 de marzo su adhesión al fondo de liquidez durante el ejercicio de 2016 a cambio de imponer recortes y cumplir las medidas de sostenibilidad financiera.
Auditorías al sector público
Mientras la Conselleria de Hacienda también ha sacado a licitación el servicio para la ejecución de las auditorías a entidades del sector público empresarial y fundacional, así como a las universidades públicas. En total serán 45 las entidades dependientes de la Generalitat fiscalizadas durante este año. El servicio sale a concurso con un presupuesto base de 1,5 millones, aunque el valor del contrato se estima en 2,7 millones. En concreto se licitan las auditorías del Consorcio Hospitalario de Castelló, las universidades Jaume I y Miguel Hernández, FGV, el IVF, la Epsar, Ciudad de la Luz, Vaersa, la Agencia Valenciana de Turismo, Radiotelevisión valenciana SAU, Ciegsa, así como los consorcios de museos, el Circuito del Motor, el aeropuerto de Castelló, CulturArts, el IVAM o Cacsa.
