Tras varios años de lucha en los Tribunales de Justicia españoles, en un contencioso-administrativo en el que se pone de relieve la discriminación en las pensiones de aquellos guardias civiles, policías y militares que han sufrido una incapacitación en acto de servicio, cerca de 300 afectados han presentado un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para eliminar el tope en las pensiones de este tipo.
Entre los reclamantes estan cinco valencianos y dos alicantinos, todos ellos heridos en acto de servicio, quienes entienden que se han vulnerado sus derechos al limitarse el tope de sus pensiones, según sostienen fuentes del bufete de abogados Fernando Osuna. «El problema que plantean es exclusivamente referido a las pensiones extraordinarias de retiro o jubilación», aclaran. La Ley 44/1983, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, dispuso que el importe de la pensión de clases pasivas sola o en concurrencia con otras no podría exceder de 187.950 pesetas mensuales abonables en 14 mensualidades. La aplicación de este límite solo quedaba excluido para pensiones derivadas de actos de terrorismo.
La Asociación Militar de Guardias Civiles (AMGC) considera que «toda pensión por inutilidad física o psíquica derivada del servicio activo de los guardias civiles, debería gozar de las mismas prebendas a efectos retributivos y fiscales que las de los afectados por terrorismo».
«En la Comunitat Valenciana existen casos de compañeros con una discapacidad reconocida de grado igual o superior al 65% (gran invalidez), cuyas patologías surgieron tras su servicio activo en la Guardia Civil pero que, paradójicamente, las Juntas Médico Periciales Ordinarias (JMPO) de Defensa, se niegan a reconocer como daños colaterales», aseguran estas fuentes. Valencia es una de las demarcaciones territoriales del Instituto Armado donde se cursan más expedientes por inutilidad psicofísica que culminan con el pase a servicio no activo de muchos guardias.
