Enmarcados en un contexto de crisis económica global desatada en 2008, los gobiernos autonómicos se vieron obligados a crear diferentes tipos de impuestos propios para paliar sus maltrechas arcas. Castigados por la falta de ingresos, los ejecutivos apostaron por medidas que les han permitido mejorar sus balanzas a corto y medio plazo. Sin embargo, algunos lo hicieron más que otros.
Los datos oficiales de Hacienda y los registros de la edición 2016 del informe «Panorama de la fiscalidad autonómica y foral» del Consejo General de Economistas confirman que el gobierno valenciano con el Partido Popular al frente aprobó la creación de tres tasas propias durante los años de recesión, algo que le permitió igualarse a Madrid. Ahora, ambos ejecutivos autonómicos cuentan con cuatro tributos propios.
Así, al clásico canon de saneamiento —que prácticamente se cobra en todas las autonomías y es la principal fuente de financiación de este capítulo— en la C. Valenciana se añadieron los impuestos sobre actividades que inciden en el medio ambiente, sobre la eliminación de residuos en vertederos y sobre los depósitos de las entidades de crédito. En Madrid, la situación se «congeló». Tanto en 2008 como ahora se cobra una tarifa de depuración de aguas residuales, un recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), un impuesto sobre la instalación de máquinas en establecimientos de hostelería autorizados y un impuesto sobre el depósito de residuos.
El presidente del Consell, Ximo Puig, y su homóloga en Madrid, Cristina Cifuentes, se han enzarzado esta semana en un cruce de declaraciones sobre la desigualdad fiscal existente entre ambas autonomías. Puig lamenta el «dumping fiscal» que sufren los contribuyentes valencianos y Cifuentes acusa a la Generalitat de «esquilmar»a los residentes de las tres provincias.
Los datos avalan, sin embargo, que ha sido la autonomía valenciana la que ha tenido que crear tres impuestos durante los años de la crisis para situarse en igualdad de condiciones frente a la madrileña. Para paliar, en parte, la falta de financiación que sufre.
Tipos impositivos
La evolución de los impuestos propios deja entrever las diferencias entre ambas autonomías. Pero la lectura aún es más profunda si se comparan tributos que se cobran en todo el territorio nacional y donde cada autonomía tiene transferida una parte. Según los datos recopilados por Levante-EMV, hasta seis impuestos diferentes son la mitad de gravosos en la comunidad que dirige Cristina Cifuentes frente a la presidida por Ximo Puig.
Uno de los grandes ejemplos es el impuesto de transmisiones patrimoniales respecto a los bienes inmuebles. En Madrid se ha fijado un tipo impositivo del 6 %, el más bajo de toda España, mientras que la C. Valenciana tiene el más alto posible: el 10 %. Respecto a los bienes muebles, la autonomía madrileña mantiene el tipo estatal del 4 % mientras la valenciana tiene un 6 %. Este se incrementa al 8 % cuando se trata de obras de arte o antigüedades.
Por su parte, en el impuesto de patrimonio, Madrid mantiene una bonificación del 100 % en este tributo. Es decir, no pagan ni un euro. El Consell de Puig creó una tarifa propia que incrementa un 25 % este tributo estatal y redujo de 700.000 a 600.000 euros la cuantía del mínimo exenta de pago. Todo para poder recaudar de las grandes fortunas 29 millones de ?.
Por lo que respecta al impuesto de sucesiones y donaciones, Madrid continúa con un 99 % de bonificaciones, mientras que la Generalitat mantiene el 75 % de esta reducción de la presión fiscal. La autonomía madrileña tiene un tipo del 4 % en las concesiones administrativas, mientras que la C. Valenciana tiene un 6 % de gravamen. Los actos jurídicos documentados tienen un pago en la Comunitat Valenciana del 1,5 %, el doble de lo que abonan los residentes en Madrid, a quienes les graban un 0,75 %.
Y pese a esas bajadas de tributos, en la región presidida por la popular Cristina Cifuentes, los ingresos siguen siendo elevadísimos. El escenario parece no ser el mismo para las dos autonomías.
