El juez comunicó ayer el archivo de las acusaciones contra los sindicalistas de UGT en Imelsa, Honori y Rubén Estornell, investigados hasta ahora en la pieza separada del «Caso Taula» por los contratos zombis y finiquitos desorbitados.

Sobre ambos caía la sospecha de haber mediado para que Honori Estornell cobrara de Imelsa un finiquito muy superior al que le correspondía. Sin embargo, tras la documentación aportada por ambos, sus declaraciones y la de Marcos Benavent «no se desprenden indicios relevantes de malversación, más allá de que Honorio Estornell exigiese, y le fuese aceptado, un incremento sustancial de la indemnización que le correspondía (cobró 108.000 euros aunque sólo le deberían haber correspondido 95.000 euros) a cambio de no oponerse y judicializar el despido, además de que se contratara a varias personas», lo que no tiene relevancia penal. l. b. valencia