Las nueve concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia investigados por un presunto blanqueo de capitales están tratando de mantenerse al margen de la cascada de declaraciones que ha generado la decisión del Tribunal Supremo de investigar a Rita Barberá en esta misma causa y su decisión de abandonar el partido manteniendo su escaño en el senado. Ellos reiteran que seguirán en sus puestos hasta que el juez instructor del caso Taula ordene la apertura de juicio oral. Y en caso de ser expulsados por la dirección nacional, están dispuestos a pasar al grupo de los no adscritos.
Según dicen, ni la situación interna de Barberá es la misma, pues en su caso sólo han causado baja provisional en el partido, no ha habido novedades en el expediente informativo abierto en la calle Génova ni hay una decisión judicial que cambie su situación personal. «No ha cambiado nada para nosotros», aseguran los concejales, que siguen en el Grupo Popular como independientes.
No ha habido llamadas
Ayer, el único concejal no imputado y ahora portavoz del grupo, Eusebio Monzó, confirmó que no ha habido ninguna llamada de Madrid por este asunto ni tampoco la ha habido de la dirección regional. Es más, no se dan aludidos tampoco por el acuerdo entre el PP y Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy, ya que en el documento final «se limitó el tipo de delito a apropiación indebida o financiación ilegal» y los ediles del PP están imputados por un presunto blanqueo de capitales.
La situación, por tanto, no ha cambiado, es de «total normalidad dentro de lo que cabe», dijo Eusebio Monzó. «Nos reunimos todos los días para trabajar y hoy mismo hemos estado preparando el debate sobre el estado de la ciudad», que se celebrará el próximo martes.
El problema del grupo no forma parte de esas reuniones de trabajo, aunque admite que el martes, cuando se conoció la decisión del Tribunal Supremo, fue un día muy malo para todos.
Siguiendo la línea del resto de compañeros, cree que «hay que esperar a la resolución del expediente» o, en todo caso, a una futurible apertura de juicio oral para que los ediles causaran baja en la formación, decisiones, que Monzó no sabe cuánto pueden tardar.
Por su parte, fuentes del entorno de los concejales del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia investigados tras la Operación Taula han indicado que pretenden mantenerse en este grupo hasta que haya una decisión contundente del juez.
Será entonces cuando cada edil determinará personalmente qué hace con su acta, decisión que por lo pronto es contraria a la dimisión y favorable a seguir unidos dentro del ayuntamiento.
