La empresa pública Ciegsa (Construcciones e infraestructuras educativas SA) era «la principal fuente de cobro de comisiones ilegales desde el año 2004 a 2007» para la estructura de recaudación de mordidas creada por Alfonso Rus y sus acólitos en el PP de la provincia de Valencia. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil llega a esta conclusión después de cruzar la información obtenida de las grabaciones realizadas por Marcos Benavent a Máximo Caturla, los informes de la Sindicatura de Comptes y el de la Intervención de la Generalitat sobre los sobrecostes en los colegios.
El «chollo» estaba en las adjudicaciones teledirigidas por Máximo Caturla a las empresas dispuestas a pagar el peaje corrupto. Y en los modificados de obra, como admitió Benavent a la Guardia Civil. Las cifras son astronómicas. «En 2004 se produjeron [en Ciegsa] complementarios y modificados1 por importe de 16.883.788 €; en 2006, ascendieron a 10.797.443 €; en 2005 a 8.008.966 €; y 2007 y 2008, según la muestra analizada, los modificados y complementarios ascenderían a 10.142.360 € y 6.757.460 € respectivamente», señala la Guardia Civil. Un total de 52,5 millones de euros en cinco años.
Se trataba, así, según los investigadores de «un plan premeditado para la consecución de un plan superior, en este caso, la financiación del partido político y enriquecimiento personal a través de solicitud de comisiones ilegales a empresarios como contraprestación por la adjudicación de contratos». Entre los cinco expedientes inicialmente analizados por la Guardia Civil se encuentran varias obras adjudicadas a las empresas Cleop y Construcciones Luján, cuyos propietarios fueron detenidos durante la macrorredada de la «Operación Taula», además de la empresa BM3 Obras y Servicios SA. La investigación está a la espera de realizar más diligencias por parte de la Guardia Civil.
