Un extrabajador de Ciegsa que (Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat SA) que ha sido citado a declarar como testigo en la causa principal del «Caso Taula», que investiga el presunto cobro de mordidas en la empresa pública, durante la etapa de Máximo Caturla como consejero delegado, confirmó el cambio de criterios que impuso en las licitaciones de los colegios, además del control exhaustivo de las adjudicaciones. «En esta empresa manda el conseller y el conseller hace lo que le sale de los cojones. Y si alguien no está de acuerdo, dimite se le da un cheque y en paz. Y cuando el conseller no está, mando yo», asegura el testigo que les transmitió Caturla durante una reunión celebrada el 9 de enero de 2004 para comunicar la décima adjudicación de colegios.
En aquel momento el conseller de Educación que presidía el consejo de administración de Ciegsa era Esteban González Pons, quien dirigió este departamento desde junio de 2003 hasta agosto de 2004. González Pons fue quien nombró a Caturla secretario autonómico de Educación y responsable de Ciegsa y quien instó a adoptar nuevos criterios de adjudicación como el de «primar las empresas valencianas frente a las extranjeras». Caturla, como nuevo consejero delegado de Ciegsa también se arrogó la atribución de «comunicar las adjudicaciones a las distintas empresas». Caturla también colocó a dos arquitectos de su confianza en los puestos clave que decidían las contrataciones, Joan Vergara y Elena Bosque. Los dos seguirían a Caturla hasta Imelsa. Y los tres han acabado imputados en el «Caso Taula» por el presunto amaño de las obras en los colegios.
El testigo relata que fue despedido después de que se negara a aumentar en 600.000 euros el precio de un lote de colegios adjudicado a Sedesa, la empresa de la familia Cotino, «porque ya llevaba seis meses de retraso en el inicio de las obras». Al día siguiente de esta negativa le comunicaron «la pérdida de confianza» en él y su cese en la empresa.
