Caturla vendió patrimonio cuando salió a la luz su relación con la trama del 3 %

Máximo Caturla es una de las piezas claves del «Caso Taula». Por su condición de economista y «agente doble» que presuntamente dirigía el tráfico de mordidas en Ciegsa entre 2004 y 2007 y decidía si cada comisión se abonaba al PP regional o al provincial. Pero también porque era el hombre de las cuentas en el partido y en la Diputación de Valencia, donde ostentó a partir de 2007 la vicepresidencia económica de la institución provincial.

Su nombre volvió a los titulares de portada cuando Levante-EMV publicó las grabaciones que el yonki del dinero grabó compulsivamente entre 2005 y 2006. Caturla se vio entonces en el ojo del huracán y realizó varios movimientos sospechosos que alertaron a los agentes del grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Así consta en un informe del 11 de noviembre remitido por los investigadores al Juzgado de Instrucción 18 de Valencia que investiga el «Caso Taula».

Caturla aún era vicepresidente de la Diputación de Valencia en mayo de 2015. «Cuando se produjeron filtraciones a la prensa de algunas de las conversaciones -relata la Guardia Civil- conocedor de que la investigación de la Fiscalía Anticorrupción se pudiera dirigir contra él» protagoniza unos «hechos que llevan a pensar que Máximo Caturla estaría intentando despojarse de parte de sus bienes», señala la UCO en la diligencia dirigida al juzgado.

Una venta de patrimonio que Caturla realizaría «presumiblemente con el objetivo de eludir posibles multas y responsabilidades civiles o el obligado pago de cantidades económicas que se dedujeran de un procedimiento judicial contra él».

El Órgano central de Prevención sobre actos notariales inscritos detectó la venta el 1 de junio de 2015 de una propiedad residencial de 1.300 m2 en Dénia y de una nave industrial en Fontanars dels Alforins (la Costera) de donde es oriundo Caturla. Un movimiento que llevó a los investigadores de la UCO a solicitar al juzgado la autorización para indagar sobre el «entorno patrimonial del investigado» que incluyó a su mujer e hijos.

A las empresas familiares de Caturla ya se les seguía el rastro. La Guardia Civil cita en el mismo informe del 11 de noviembre la extraña compra, «que no responde a una relación comercial lógica» que hizo una de las comisionistas a la empresa familiar de Caturla. La mercantil BM3 Obras y Servicios SA, adjudicataria en 2009 de un lote para renovar los campos de fútbol con césped artificial, pagó facturas a la empresa familiar de Caturla, Estilo Kiki SL, por valor de 94.640 euros. Se trataría del pago simulado de una mordida que, en este caso, estaba aliñada con tomate frito, la especialidad de la empresa familiar de Caturla.