Alumbrada en 2000 poco después de la primera mayoría absoluta del PP de Eduardo Zaplana, Ciegsa nació para acelerar la construcción de colegios e institutos en la Comunitat Valenciana. Década y media después se estima que el agujero a las arcas públicas en forma de sobrecostes superó los mil millones de euros.
La historia de Ciegsa ofrece además tintes de novela negra con un incendio en 2005 que arrasó toda la documentación que la oposición reclamó durante años, robos en despachos y gastos injustificados entre denuncias de la Sindicatura de Comptes por vulneración de contratos que nunca se investigaron. Los colegios que construía Ciegsa costaban el doble que en el resto de España mientras los barracones no dejaban de crecer.
Ahora, los investigadores del caso Taula apuntan que una trama de cargos políticos del PP con el exconsejero delegado de Ciegsa Máximo Caturla como pieza clave se embolsó dinero procedente de comisiones por la construcción de colegios, fondos que también habrían engordado las cajas B que financiaban actos de partido.
Este martes, la Corts constituyen la comisión de investigación de Ciegsa, que todos los grupos aprobaron el pasado mes de febrero. La comisión intentará indagar sobre el origen de los sobrecostes y determinar a dónde fue a parar el dinero, con la declaración de los responsables de la gestión educativa en los años del PP.
La comisión de investigación, solicitada por PSPV, Compromís y Podemos, cuenta con el apoyo de PP y Ciudadanos. Para el portavoz del PSPV, Manuel Mata, Ciegsa es «la historia de una corrupción ante la que el PP debe pedir perdón y devolver el dinero». Según Mata, la empresa se ha «fundido» 2.800 millones sin construir ni la mitad de centros programados, mientras lo único que ha conseguido es que muchos niños hayan pasado en barracones toda su vida escolar.
Cuando se aprobó crear la comisión el pasado febrero, el PP defendió que tenía interés en conocer «la verdad», pero lamentó que el resto de partidos ya habían juzgado a Ciegsa pese a que la firma construyó 600 centros escolares. La diputada del PP Beatriz Gascó dijo entonces que su partido no iba a consentir que se mezclara «un presunto caso de corrupción» con una firma cuya prioridad era construir colegios y que levantó en esos años unos 600.
El complicado funeral de una firma pública con dos obras aún en marcha
La intención del Consell de extinguir Ciegsa ya no tiene vuelta atrás, pero su disolución no será sencilla, según admite a Levante-EMV el secretario autonómico de Educación Miguel Soler. El departamento que dirige Vicent Marzà ha empezado a recomponer con 34 plazas la estructura técnica de la conselleria, que quedó desmantelada para engordar la firma pública. Pero no parece posible extinguir la firma antes de fin de año y según Soler podría mantenerse activa dos años más, hasta finales de 2018. Ciegsa ya no realiza obra nueva, pero tiene dos colegios en construcción, el del Grau de Valencia y el IES Playa Flamenca de Orihuela. «El tránsito tiene que hacerse de forma que la conselleria pueda asumir todo el proceso, pero eliminar Ciegsa antes de tiempo supondría crear un problema», dice Soler.
