La Universitat de València (UV) ha empezado el curso sin contar con todos los certificados de delitos sexuales de los profesores que imparten clases en primero de carrera.

En una circular interna a la que ha tenido acceso Levante-EMV, el Vicerrectorado de Ordenación Académica, Profesorado y Sostenibilidad recomienda a los directores de los departamentos de la Universitat que soliciten «a la Gerencia Territorial de Justicia la tramitación agrupada de solicitudes de certificados de delitos de naturaleza sexual» con la intención de agilizar el proceso dado que el curso académico ya ha comenzado y por ley los profesores sin esta certificación no pueden impartir clase a los alumnos menores.

Según el comunicado remitido a los responsables de los departamentos académicos, el requisito es necesario para el «profesorado adscrito a su departamento que tenga asignada docencia en el primer cuatrimestre del primer curso de grado». El motivo es que en la universidad, solo los profesores que imparten las primeras asignaturas de primero de grado pueden tener contacto con menores de edad, en el caso de que algunos de los jóvenes recién llegados cumplan los 18 años entre los meses de septiembre a diciembre.

El vicerrectorado estima «más adecuado» pedir la tramitación conjunta de los profesores de cada área «con tal de garantizar la unidad en la tramitación en el procedimiento». Este trámite se encarga a los directores y las directoras de los departamentos universitarios «como representantes de los órganos responsables de la adjudicación de la docencia».

Un requisito polémico

Desde el 18 de agosto de 2015, la inclusión de un nuevo apartado al artículo 13 de Ley de Protección Jurídica del Menor obliga a los profesores y a otras personas que ejerzan actividades con «contacto habitual con menores» a demostrar mediante un certificado que no tienen antecedentes penales relacionados con delitos sexuales.

De hecho, la presentación de este certificado negativo será obligatorio para todos los licenciados en Medicina que accedan a una de las plazas de formación en residencia MIR que el Ministerio de Sanidad acaba de convocar para 2017. Una vez realizado el examen el próximo 28 de enero y en el acto de toma de posesión de la plaza, los residentes deberán aportarlo, sino, quedarán excluidos.

En el momento de la aprobación de este nuevo requisito, profesores y sindicatos mostraron su rechazo al considerar que se apuntaba a los docentes y se ponía en duda su presunción de inocencia.