El Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV) realizará tres actos en las tres provincias para movilizar a alcaldes, militantes y simpatizantes de la formación política contra el nuevo decreto de plurilingüismo del Consell contra «la verdadera intención de imponer la inmersión lingüística». Además, el partido no descarta acudir a los tribunales «si hace falta» para impugnar la futura norma.
La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, mostró ayer su «indignación» con la propuesta de la Conselleria de Educación porque, a su juicio, supone «un chantaje a las familias». «No queremos imposición de una lengua sobre otra porque nosotros creemos en la libertad y la Comunitat tienen dos lenguas oficiales que se tienen que dar en igualdad», ha defendido Bonig, para quien establecer la inmersión lingüística en zonas castellanoparlantes y que se certifiquen buenos niveles de inglés si se opta por el valenciano es «una imposición».
En este sentido, ha señalado que el nuevo decreto «resta oportunidades» porque «habrá dos líneas en las escuelas: una de calidad en inglés y valenciano y otra de menos calidad en castellano e inglés». «Eso no es justo», concluye Bonig.
Por contra, Los grupos parlamentarios de Compromís, PSPV y Podemos en las Corts coincidieron ayer en que el nuevo decreto de plurilingüismo permitirá a los jóvenes salir de los centros educativos con mayores conocimientos de valenciano e inglés. «Nunca en la vida se ha dado tanta libertad a los padres y a los centros en la elección sobre lo que quieren para sus hijos», apunta Manolo Mata (PSPV). Para Josep Nadal (Compromís) la escolarización tiene que ser «práctica» y se tiene que garantizar que los niños acaben la escuela con «conocimientos grandes» de castellano, valenciano e inglés y, a su juicio, el decreto del Consell «lo consigue». Sandra Mínguez (Podemos) aplaude el enfoque de esta iniciativa porque los alumnos deben saber «más valenciano e inglés».
C’s prepara toda su «artillería»
Desde Ciudadanos, Alexis Marí, ha asegurado que su formación utilizará «toda la artillería política» contra el conseller de Educación, Vicent Marzà, si el nuevo decreto supone «un sistema de inmersión lingüística camuflado que penaliza a la gente que utiliza el castellano».
El conseller Marzà negó ayer que vaya a eliminar o modificar la exención del estudio del valenciano en las zonas castellanohablantes del sur de Alicante y el interior de Valencia y Castelló contempladas en la Lleí d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV). «Un decreto no puede cambiar una ley y, de momento, no hay intención de modificarla», apunta. Marzà destaca que su conselleria «no impone» sino que se compromete a incentivar y guiar a los centros para que mejoren el nivel de idiomas de su alumnado.
