Uno de los mayores quebraderos de cabeza para la Generalitat Valenciana en todo el proceso de reversión será definir el futuro de los cerca de 2.000 trabajadores que actualmente prestan servicio en el departamento de salud de la Ribera. La opción de que todos pasaran directamente a formar parte de la plantilla de la sanidad valenciana como personal estatutario ya había sido rechazada por expertos pero ahora el Consell lo ha puesto negro sobre blanco. Ha sido en un documento que recoge las enmiendas que la dirección territorial de Economía ha presentado contra el convenio colectivo recién firmado en Alzira.

En él, los trabajadores se protegían con una cláusula adicional quinta que marcaba que el nuevo titular tras la extinción del contrato actual quedaba obligado a «subrogarse» los contratos de los trabajadores con las mejoras que, además, se habían pactado hasta finales de 2018. La Generalitat ha requerido que se subsane el documento eliminando esta cláusula, entre otras, ya que considera «imposible» darle cumplimiento «por cuanto supondría vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad que presiden el acceso a la función pública».

La única vía, como ya se había anunciado, sería pasar por un concurso-oposición aunque se desconoce en qué circunstancias y en qué plazos pese a que la consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha querido «tranquilizar» en varias ocasiones a la plantilla. El gerente del hospital de Alzira, Javier Palau, criticó ayer durante su intervención en Levante-TV la falta de concreción del Consell en este punto.

«No se podrán subrogar y esto es problemático. Ser todos estatutarios es prácticamente imposible y hay un ambiente claro de incertidumbre porque se ha dicho que vamos a revertir pero no se ha dicho cómo se hará», criticó. En este sentido, Palau entiende que podría producirse una «fuga de cerebros» si el hospital pierde presencia en especialidades o si el proceso de adaptación a la sanidad pública es abiertamente perjudicial para los facultativos.