Explicaba el escritor ya fallecido José Luis Sampedro en su libro «El Mercado y la Globalización» que las colas visibles en las tiendas de los países socialistas tenían su reverso en las imaginarias de los países capitalistas, las que hacen la mayoría de sus habitantes para poseer aquello que desean. También ante las puertas de la Administración de la Generalitat, la gente hace colas: unas son físicas (la típica espera cuando se hace un trámite administrativo), pero otras son invisibles, como la que guarda el que espera ser operado. Pero hay otras, quizás más silenciosas, cuyo objetivo es conseguir uno de los bienes más preciados del capitalismo: un puesto de trabajo para toda la vida. Y a esta lista de espera están apuntados miles de valencianos, aunque, como en la metáfora de Sampedro, solo una minoría llegará al mostrador.
De hecho, en la carrera para ser funcionario, hay quien está en la cabeza y otros son pelotón. La cola más larga y complicada es sin duda la que hacen quienes no tienen ninguna vinculación con la Generalitat, pero que aspiran a formar parte de su funcionariado. Para este colectivo, por primera vez en muchos años, el Consell ha generado expectativas con el anuncio de que desbloqueará las ofertas de empleo público, una medida con la que buscan paliar las necesidades de personal. La radiografía de la función pública valenciana hecha para la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas por un grupo de expertos no deja dudas sobre uno de sus principales diagnósticos: la plantilla de la Administración del Consell (15.000 trabajadores sin contar los docentes y sanitarios) es exigua y está envejecida. En los últimos años se han perdido más de 3.000 puestos y hay contabilizados más de 1.000 vacantes (presupuestados pero sin ocupante). Las luces de alarma están encendidas pues la mitad de la plantilla se jubilará en la próxima década. Con este panorama, no hay más camino que convocar oposiciones y traer sabia nueva. Sin embargo, el compromiso del nuevo Consell de aumentar su plantilla choca con las restricciones presupuestarias del Gobierno de España; la famosa tasa de reposición que lleva años impidiendo que las administraciones cubran el cien por cien de sus bajas. Aunque el ministro Montoro se comprometió a eliminar los topes, de momento, los presupuestos de 2017 llevan camino de prorrogarse con una tasa de reposición al 50%.
Por otro lado, y al margen de las promesas, firmado y sancionado en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana sólo existen las OPEs de 2015 y 2016. Ambas suman 1.125 plazas, pero sólo 480 son de turno libre, es decir, se ofertan para la gente de fuera de la Administración, el resto son para promocionar a los ya funcionarios. Con estas cifras es imposible tapar la hemorragia, ya que teniendo en cuenta el envejecimiento de la plantilla, el Consell tendría que sacar como mínimo 1.000 plazas al año durante al menos un lustro.
Con este panorama, el cielo se abre un poco más para las otras dos ramificaciones de nuestra cola imaginaria. Una de ellas la conforman quienes integran las bolsas de empleo de la Generalitat, un colectivo que es casi tan grande como toda la plantilla. Un total de 13.121 personas integran las 78 bolsas de empleo que están activas, según los datos facilitados por el departamento que dirige Gabriela Bravo. A ellas han accedido (en la mayoría de los casos) aquellas personas que en su día bien se presentaron a una oposición, bien aprobaron alguna de sus pruebas. Algunas bolsas tienen su origen en oposiciones celebradas hace más de 17 años. Y algunas están muy pobladas (ayudante de investigación, administración general) y otras casi sin personal de reserva, como las de médicos del trabajo, abogados o arqueólogos. En principio, mientras no haya oposiciones, la Generalitat acudirá a estas bolsas para ganar efectivos temporales. En eso hay unanimidad en el Consell: faltan funcionarios y, en su defecto, se acudirá a la contratación de interinos por la vía de urgencia. No es de extrañar que el futuro de estas bolsas y sus integrantes haya generado una importante controversia entre la consellera Gabriela Bravo y los sindicatos. La trifulca fue intensa antes de las vacaciones de verano a cuenta de la aprobación del nuevo Decreto sobre Provisión de Puestos de Trabajo, la norma marco que establece las pautas de gestión de las futuras bolsas de empleo.
Bravo pretendía hacer tabla rasa con nuevas bolsas resultantes de las futuras oposiciones. Pero el caballo de batalla era qué hacer con los interinos que ya trabajan en la Generalitat y que en teoría surgieron de estas bolsas de empleo. Con el decreto actual tenían derecho a seguir en la bolsa con tan sólo presentarse a la oposición. La postura de la conselleria (respaldada por CC OO) era que al menos tuvieran que aprobar un examen para seguir en la bolsa, lo mismo que se le exigirá al resto de aspirantes. Pero Bravo renunció tras el tira y afloja con el resto de sindicatos. UGT se plantó al entender que dar por finiquitadas las actuales bolsas generaría un conflicto inmanejable. Según este sindicato, Bravo llegó incluso a plantear listas de candidatos provisionales constituidas ad hoc con una convocatoria específica, algo así como oposiciones para estar en bolsa. Una iniciativa insólita.
Hay otro problema añadido: tras años de ofertas paralizadas hay bolsas casi agotadas, es decir, en las que no hay casi aspirantes, un argumento de peso contra el valiente propósito de poner orden en un terreno pantanoso, como es el de las bolsas, gestionado con muchas sombras en la etapa popular. Aunque cada una de las 78 bolsas es un mundo, fuentes oficiales admiten que su control ha sido deficiente.
La conclusión es que, tal como ha quedado el borrador de decreto que se está tramitando, los actuales interinos seguirán teniendo ventajas sobre el resto, ya que sólo con echar la instancia y pagar las tasas tendrán derecho a volver a la bolsa en el caso (poco probable teniendo en cuenta las escasas OPEs) de que su plaza salga a concurso. Huelga decir que a la hora de ordenar las bolsas, es decir, posicionar a cada aspirante, los años trabajados en la Generalitat priman a la hora de baremar los méritos. Es decir, tendrán el derecho a ser los primeros de la cola.
Ellos, los interinos (mejor dicho las interinas, ya que son mayoría) conforman nuestra tercera lista de espera, aquella en la que tienen más opciones de lograr una plaza fija en un futuro. A las ventajas sobre las bolsas de empleo, se suma la apuesta del Consell por un nuevo plan de estabilidad que les dé facilidades a la hora de consolidar un puesto de trabajo que ocupan desde hace años y que han tenido escasas oportunidades de consolidar. En teoría, el proceso debería sacar a oferta pública el total de plazas ocupadas por interinos. El Estatuto Básico del Empleado Público ampara estos procesos, en los que en la fase de concurso se prima la experiencia, pero las plazas deben ofertarse a todo el mundo. Convocar unas 5.000 plazas es, por tanto, una puerta que se abre para los ciudadanos de a pie en cola eterna para ser funcionario.
