La Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción siguen la pista del dinero presuntamente blanqueado por los dos lugartenientes de Serafín Castellano en el Camp de Morvedre y por un asesor de Rafael Blasco, en el marco del caso Avialsa, que investiga el presunto amaño de contratos de los aviones de extinción de incendios.

Los agentes de la UDEF y el Fiscal Anticorrupción registraron ayer cuatro viviendas de tres empresarios de la construcción y del exasesor de Blasco, todo ellos detenidos ayer, en busca de la documentación que acredite la intensa actividad inmobiliaria que los cuatro protagonizaron junto a los lugartenientes de Castellano, Francisco Huguet y Emilio Máñez, exalcalde y exteniente de alcalde de Quartell, respectivamente El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunt, Héctor Santamaría, autorizó la entrada y registro en los domicilios de los empresarios Jesús Domingo Grande, Miguel Ángel San José Calabuig y Domingo Muñoz López en Valencia, Rivas-VaciaMadrid y Alboraia, además del domicilio en Valencia del exasesor de Rafael Blasco. Los cuatro están imputados por cohecho, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos y falsedad en documento público.

En un extenso auto, el titular el juez de Sagunt relata la adquisición de naves industriales, viviendas, trasteros y garajes por parte de Huguet y Máñez, o sus familiares directos, a las empresas Jedomán, Prodaemi que, a su vez, eran adjudicatarias de diversos programas de actuación integrada (PAI) en Quartell y en Alfara de la Baronía. La investigación ha podido constatar que tanto Huguet como Máñez adquirían los inmuebles a precios muy inferiores a los del mercado y que realizaban constantes pagos en metálico a los promotores cuyo «origen es desconocido», según el auto del magistrado de Sagunt. Los dos compartían una comunidad de bienes y una cuenta corriente con sus mujeres que llegó a ingresar 421.108 euros en 11 meses.

Respecto al asesor de Blasco en Territorio y en Sanidad, la investigación ha permitido confirmar que cobró «una comisión» por mediar en la cesión del agente urbanizador del PAI Nova Alfara y que compró un dúplex y dos garajes en Valencia a Prodaemi, una de las empresas investigadas, a un precio más barato que el del mercado.