El Ministerio de Hacienda ha aprobado de forma oficial la revisión de los valores catastrales de un total de 183 municipios repartidos por toda la Comunitat Valenciana. La actualización de los coeficientes comenzará a hacerse efectiva a partir de enero de 2017 y se enmarca dentro de una iniciativa global en todo el territorio nacional, ya que la revisión se realiza con el índice de referencia de la Ley de presupuestos del Estado de dicho ejercicio.

De hecho, fueron los ayuntamientos los que dirigieron una petición expresa a la Dirección General del Catastro para actualizar los porcentajes de referencia. Una vez confirmado que se cumplían todos los requisitos demandados, Hacienda ha aceptado las revalorizaciones.

Tres condiciones

Tres eran las condiciones a cumplir por parte de los peticionarios. La primera era de carácter temporal y se centraba en el hecho de que el anterior procedimiento de valorización colectiva tenía que tener más de cinco años de vigencia. Así, en la provincia de Valencia destacan casos bastante «antiguos» como los de las poblaciones de Sant Joanet (1898), Benicolet (1994), Buñol (1994), Chelva (1994) o Enguera (1994).

La segunda era de tipo descriptiva: las cifras tenían que poner de manifiesto «diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base» en la anterior revisión de los índices del catastro.

El tercer requisito „y último„ estaba marcado por el calendario: todos los ayuntamientos interesados tenían que enviar sus peticiones de revisión antes del 31 de mayo a la Dirección General del Catastro.

En una época de vacas flacas como la actual, lo normal es que los consistorios apuesten por la revisión de los valores catastrales con la intención de aumentar los ingresos procedentes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), una de sus principales fuentes de financiación en la actualidad.

Sin embargo, también hay casos „como ha ocurrido en las poblaciones Paterna o Aldaia, por ejemplo„ en los que los equipos de gobierno solicitan el cambio para rebajar la carga financiera que sufren sus vecinos.

El 50 % de los municipios afectados por el cambio de los valores catastrales en la Comunitat Valenciana se sitúan en la provincia de Valencia, con un total de 90. En Castelló hay 32 localidades en las que se revisarán los índices, por 51 en Alicante.