El pleno del Congreso ha dado vía libre esta tarde al inicio de la tramitación parlamentaria de la reforma de la disposición adicional del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana que establece que la inversión del Estado en la Comunitat Valenciana, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, sea equivalente al peso de su población por un periodo de siete años. Nunca en la historia reciente, las inversiones del Estado en la Comunitat Valenciana se acercaron al peso que la población tiene en el conjunto del territorio, el 11%, y como mucho se alcanzó el 8%. La iniciativa se ha sometido esta tarde al debate de totalidad. La posición de los grupos de las Corts Valencianes la han mantenido la portavoz del PP, Isabel Bonig, y los de Compromís y PSPV, Xavier Ferri y Manuel Mata. Pero la de los partidos en el Congreso ha estado repleta de voces valencianas: Joan Baldoví (grupo mixto), Àngela Ballester (Unidos-Podemos), Julián López (PSOE), Toni Cantó (Ciudadanos) o Gerardo Camps (PP). A ellos se ha sumado el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Tardá, que ha encendido a los populares con sus apelaciones al Països Catalans y la república valenciana. Todos los partidos han votado a favor de la toma en consideración de la reforma estatutaria excepto Ciudadanos que rechaza este tipo de reformas legislativas por autonomías y plantea una visión conjunta del Estado. La iniciativa fue presentada por las Corts en septiembre de 2015 cuando acababa la legislatura del PP con mayoría absoluta y superó la primera votación parlamentaria, pero no continuó su tramitación por la disolución de las Cámaras para la convocatoria de elecciones generales, como ocurrió unos meses después, en abril de 2016. El debate de esta tarde ha sido el tercero en el que la iniciativa queda aprobada. A diferencia del resto de las iniciativas, las procedentes de asambleas legislativas de las comunidades autónomas, o las iniciativas populares, no caducan cuando acaba la Legislatura, sino que se trasladan al próximo Congreso. El portavoz del PSPV, Manuel Mata, ha señalado que después de veinte años de gobierno del PP ahora su formación esta convencida de que la senda emprendida es la correcta, pero se necesitan mejores infraestructuras y financiación. Fran Ferri, diputado de Compromís, ha coincidido con Mata en la necesidad de reivindicar unas inversiones justas y ha pedido que se acabe con la discriminación en infraestructuras y financiación. Isabel Bonig, portavoz del PP, ha recordado que la reforma fue impulsada por su partido, ha pedido tener los mismos recursos que el resto de comunidades, al margen de cuestiones del pasado y del victimismo, y ha rechazado a los que apelan a esos conceptos, en referencia a los nacionalistas. Gerardo Camps, del PP, ha negado que exista un informe que apunte que la corrupción haya costado 4.000 millones al erario público como ha dicho Ciudadanos. Desde el PSOE, Julián López Milla, ha asegurado que esa autonomía está ahora renaciendo después de dos décadas de "despilfarro, prepotencia y abuso" de los gobiernos del PP. Tiempo durante el que, a su juicio, el PP acudió "dopado" a las elecciones gracias a las comisiones ilegales que percibió el partido por contratos públicos. En esta misma línea, Ángela Ballester, de Unidos Podemos, ha insistido en que el fuerte endeudamiento que tiene actualmente la comunidad tiene su origen en la corrupción de los gobierno del PP. Para Joan Baldoví, de Compromís, el retraso en aprobar la reforma ha supuesto que la comunidad dejara de percibir más de 1.679 millones de euros, además de no contar con otros servicios que tienen Madrid y Barcelona, como los contratos-programas, por lo que ha considerado que el PP "ha sido una plaga para los valencianos". Joan Tardá, de ERC, ha dicho que después de decenios de ofrecer glorias a España, el Estado paga con el expolio económico a la Comunidad Valenciana y ha puesto varios ejemplos de las balanzas fiscales que perjudican a este territorio. El portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, ha insistido en que el acuerdo firmado con el PP y su partido tiene medidas que mejoran la gestión de la educación, sanidad y dependencia, aunque ha reconocido que la comunidad recibe una peor financiación para sus servicios. Ha cifrado en 4.000 millones el "agujero" por corrupción en la comunidad y echado en cara al tripartito actual que no haga nada.