La investigación judicial sobre el presunto fraude en los pagos a las escuelas concertadas que dirige el Juzgado de Instrucción 3 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción revisará de forma exhaustiva la documentación aportada por la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) para comprobar «si es real», según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de las pesquisas.
La secretaria autonómica de FERE, Vicenta Rodríguez, aseguraba el pasado martes que la patronal de la concertada de centros religiosos que dirige había aportado a la investigación judicial «el convenio que FERE tenía firmado con nuestros colaboradores de formación y que nosotros hemos cumplido escrupulosamente». Rodríguez se mostraba «tranquila» ante la citación como investigado del presidente de la otra gran patronal de la concertada. E incluso añadió que los seis trabajadores de FERE cuyo salario costeaba la Conselleria de Educación no eran «liberados patronales» sino «colaboradores de formación» del personal de los centros regulados mediante convenio que se renovaba anualmente, como en el caso de las escuelas católicas.
La responsable autonómica valenciana de FERE añadió que «imagino que como el convenio no fue firmado el año pasado es lo que provocó la situación en el juzgado; creo que se solucionará porque estaba regulado a través de un convenio». Al tiempo que confiaba en que la citación del presidente de Feceval, José Manuel Boquet «no sea más que un trámite».
Esta documentación, sin embargo, va a ser examinada con lupa por los investigadores para comprobar si los cursos de formación fueron «reales» y si realmente se hicieron. según ha podido saber Levante-EMV.
Las pesquisas se centran, en esta parte de la investigación sobre el fraude la concertada, en averiguar si los diez asalariados con cargo a las arcas públicas de la Generalitat realizaban realmente tareas docentes o, por el contrario, si trabajaban para las diferentes patronales en tareas administrativas u organizativas, como han admitido algunos de los diez «liberados patronales» que han declarado como testigos ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, lo que supondría una presunta «financiación irregular» de la enseñanza concertada que alcanzaría los 350.000 ? anuales de 2008 a 2014.
