El coordinador de Políticas Sociales del grupo parlamentario del PP en las Corts, José Juan Zaplana, instó ayer a la consellera de Sanidad Carmen Montón a justificar, con informes y cifras, la decisión de revertir a la gestión pública el departamento de salud de la Ribera que, en principio, debe oficializarse en abril de 2018.
«No hay ningún informe técnico ni económico que avale que va a funcionar mejor desde lo público y, si lo hay, no lo han hecho público», aseguró ayer el diputado popular que recordó que desde principios de legislatura se viene anunciando un plan de auditorías sobre los departamentos de salud bajo concesión administrativa «que aún estamos esperando». A este respecto, Zaplana lamentó las «mentiras» lanzadas por el Consell sobre la falta de inspecciones del sistema bajo gobierno del PP.
Además, el diputado anunció que ayer mismo habían solicitado la comparecencia de la consellera Montón en el pleno para que diera explicaciones sobre la hoja de ruta a seguir en esta reversión. «Nos preocupa la inseguridad que este anuncio ha producido porque no hay una hoja de ruta. Si no la tienes, no lo anuncies, y si la tienes, cuéntalo», conminó el diputado a la consellera recordando que 2.000 trabajadores del departamento de la Ribera viven en una «gran incertidumbre». El diputado solicitó conocer esa hoja de ruta, saber qué solución se iba a tomar para absorber a los empleados y que se asegurara que se mantendrían «sus puestos de trabajo pero también sus condiciones laborales y que la cartera de servicios se va a seguir prestando». Zaplana puso en duda este último punto, pese a las promesas realizadas por la consellera, y recordó que en el borrador del decreto que establece la nueva reorganización de departamentos y unidades de referencia «se deja entrever que el hospital de la Ribera será comarcal y se van a dejar de prestar». Por último, demandó que el Consell demostrara que la reversión «va a ser más económica. No sabemos si le va a costar más a los ciudadanos el capricho de la consellera», aseguró.
Zaplana anunció también que su grupo presentará una queja formal ante Transparencia Internacional por la «falta de respeto y rigor» en cumplir el mandato de las Corts de febrero para hacer una comisión de seguimiento de todos los nombramientos de los departamentos.
