Los exdiputados provinciales socialistas Rafael Rubio y Raúl Pardos, imputados en la pieza separada del «Caso Taula» que investiga los contratos zombis de Imelsa (cobraban sin trabajar o estaban empleados en otra institución) defendieron la legalidad de las contrataciones que asumieron como diputados, así como el trabajo realizado por los cargos de confianza.

Rubio, actualmente coordinador de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia, explicó tras su declaración que sus asesores realizaban su trabajo en el grupo socialista de la Diputación de Valencia. Y justificó haber tenido cuatro asesores en dos años porque, debido a la legislación laboral, dos de ellos tuvieron que cesar para no tener que contratarlos de forma indefinida, por lo que los otros dos que los sustituyeron sólo realizaron labores de asesoramiento los últimos cuatro meses antes de las elecciones de 2011. Por el contrario, dos de estos cargos de confianza citados como investigados por el Juzgado de Instrucción 18 se han negado a declarar, según han confirmado a Levante-EMV fuentes conocedoras de los hechos. Ni Rubio ni Pardos tampoco pudieron explicar qué normativa les permitía contratar asesores a dedo, ya que ninguno de los asesores superó un proceso de selección atendiendo a criterios de mérito y capacidad.

Rubio sí que defendió su labor de oposición en la Diputación de Valencia. «Dimos mucha caña co el asunto de los campos de césped artificial, donde conseguimos que se rebajase el precio de las adjudicaciones a niveles más razonables», explicó. Aunque, añadió a los periodistas tras declarar, «si hubiera tenido más pruebas de lo que sucedía o un pen drive, también hubiera ido a la Fiscalía».

También compareció ayer ante el juez y el Fiscal Anticorrupción el exdiputado y exalcalde de Beniarjó, Salvador Enguix, quien admitió que no conocía a la asesora que tenía asignada, y que ya admitió que cobraba a pesar de que no trabajaba. Enguix, que llegó a firmar un certificado que acreditaba el trabajo de su asesora, no recordaba haber firmado este escrito. Por último, el militante de Nuevas Generaciones, Juan Antonio Sanz Núñez, justificó ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción que fue contratado para encargarse de las redes sociales de Imelsa, aunque su contratación dependía del diputado Juan José Medina.