Siete de cada diez funcionarios de la Administración del Consell (sin contar personal docente y sanitario) acredita conocimientos del valenciano, según tiene constancia la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas. La competencia lingüística de los empleados públicos es una cuestión a debate y será una de las piedras angulares de la reforma de la ley de la función pública valenciana que la consellera Gabriela Bravo ha prometido para principios del próximo año. La cuestión objeto de negociación entre los socios del bipartito, PSPV y Compromís, quienes, tal como informó ayer Levante-EMV, están tratando de llegar a un gran acuerdo para impulsar el uso social de la lengua. La generalización o no del requisito lingüístico para acceder a una plaza de funcionario es la cuestión más polémica y sobre la que no existe consenso. El PSPV tiene una posición más moderada, que la de Compromís. Tampoco hay unanimidad entre los sindicatos.
Con todo, los datos aportados por la Conselleria de Justicia revelan que la actual plantilla (15.700 empleados y empleadas) tiene cierta preparación lingüística, si bien el grueso sólo puede certificar conocimientos básicos. En total, el colectivo mayor lo conforma quienes acreditan el nivel elemental de la Junta Qualificadora (5.265 personas), 4.870 han aportado certificado del mitjà, mientras que 1.735 tiene superior. Además, 3.622 han pasado la prueba que acredita el conocimiento más primario de la lengua. Cabe precisar que hay funcionarios con dos o más títulos, por lo que la conselleria estima que el porcentaje de trabajadores con certificado de la Junta es del 70%.
La actual relación de puestos de trabajo de la Generalitat sólo incluye el requisito lingüístico para determinados colectivos, pero el conocimiento del valenciano puntúa como mérito en los concurso-oposición y en la promoción interna. De ahí que el título sea un bien preciado para la mayoría.
El problema pues, según admiten fuentes sindicales, no son los 15.000 funcionarios de la Función Pública a quienes se les podría apretar a posteriori para que certificaran sus conocimientos, sino el personal sanitario. La exigencia lógica de que un sanitario pueda atender al paciente en ambas lenguas podría ser un problema en las futuras oposiciones. No hay nada acordado, pero las fórmulas van desde exigir el requisito, hasta pruebas de valenciano posteriores.
