Los planes del tripartito de abrir cuanto antes la nueva RTVV se complican cada vez más. La negociación a cara de perro que mantendrán el Consell y el Ministerio de Hacienda a cuenta de la ley para abrir la tele no se limitará, según ha podido saber este diario, a discutir si la contratación de su personal incumple los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. El impacto en las cuentas autonómicas de la creación de un nuevo organismo que conlleva un gasto obligado en personal plantea también dudas legales a la Dirección de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas que dirige Juan Ignacio Romero.
Como avanzó el viernes Levante-EMV, este departamento estudia recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional, si bien primero quiere agotar la vía de la negociación con la Generalitat.
Así, el Gobierno ha convocado al Ejecutivo de Ximo Puig a una reunión de la comisión bilateral para tratar de llegar a un acuerdo sobre tres apartados de la norma. La Abogacía del Estado no ve clara la disposición que certifica el acceso preferente de los extrabajadores de RTVV en la apertura provisional y definitiva de la tele, una cuestión que ya fue advertida por el Jurídic Consultiu y por los propios servicios jurídicos de la Generalitat.
Ahora bien, este asunto no es el único que preocupa. La Abogacía del Estado también ha detectado que la disposición novena podría chocar con la ley de estabilidad. El escollo está en la propia contratación de personal. Los presupuestos generales del Estado establecen una limitación tanto en lo referente a dar de alta a nuevos temporale, como en las ofertas de empleo público. La tasa de reposición impide a las administraciones, entre ellas, la valenciana, a aumentar libremente su capítulo de personal y limita a colectivos muy concretos los contratos (sanitarios, docentes o los conocidos como uniformados). Es decir, en la excepción no entran trabajadores de un medio de comunicación.
Las fuentes consultadas precisaron que el apartado, tal como está redactado, plantea contratar temporalmente a personal laboral (los extrabajadores) y luego convocar concursos. Ambas vías son contrarias, según el ministerio, al espíritu de los presupuestos generales que a su vez emanan de una ley orgánica, como es la de estabilidad presupuestaria.
Fuentes del departamento de Cristobal Montoro admitieron ayer a este diario que la especial situación de la Generalitat (es una comunidad incumplidora de los objetivos de déficit) hace que cualquiera de sus actuaciones de gasto se encuentre bajo supervisión.
Como ya contó este diario, la apertura de la nueva RTVV ha sido objetivo de negociación con Hacienda a cuenta del Plan Económico y Financiero que el Consell negoció con Montoro. Pero el tira y afloja ha subido un escalón al recalar la ley en el departamento de Juan Ignacio Romero. La ley se ha revisado completamente y hay aspectos de tipo económico-financiero que no ve claros.
A esta sombra de duda apuntó ayer la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. La lideresa de los populares valencianos incidió en que no sólo no está resuelto el problema jurídico con los extrabajadores. «¿De donde saldrá el dinero para pagar la tele?», se preguntó Bonig, quien recordó que el PP se abstuvo en la votación de esta ley porque, entre otras cuestiones, no existe un informe de impacto económico.
Bonig apuntó también a las posibles consecuencias que tendría que al final se determine que hay sucesión de empresas. «Se quejan de que no tienen dinero, o sea que o están engañando a la gente y tienen dinero, o no tienen y lo van a recortar de otro sitio», indicó. La responsable del PP recordó que el artículo 135 de la Constitución blinda, por acuerdo del PP y el PSOE, la ley de estabilidad.
Ante las dudas jurídicas, Bonig sostuvo que si estuviera en el Gobierno «en este momento, no abriría la tele». Añadió que el PP quiere una tele pública, pero sólo cuando se den las condiciones para sostenerla, estén cubiertas las necesidades de educación y sanidad, y se hayan despejado los problemas jurídicos. Bonig mantuvo que la comisión bilateral es un cuestión técnica y no política.
En medio de este conflicto, Manolo Mata (PSPV) y Fran Ferri (Compromís) se reunirán mañana con el ministro Montoro en Madrid para trasladarle sus reivindicaciones en materia de financiación e inversiones, a las que se suma la cuestión de RTVV. Ambos habían solicitado la reunión por «lealtad» después de que Montoro recibiera el pasado día 5 a Bonig.
