Un expresidente de la Generalitat y de dos de los principales bancos valencianos, que ya han pasado a mejor vida, tuvo que compartir ayer banquillo de los acusados junto a uno de los empresarios fetiche del anterior Consell. José Luis Olivas y Vicente Cotino, respectivamente, se enfrentan a tres años de cárcel cada uno por simular un asesoramiento y falsificar la documentación que lo acreditaba para evadir impuestos, según les acusa la Fiscalía.

Las explicaciones facilitadas por ambos para rebatir estas acusaciones ante la titular del Juzgado de lo Penal 6 de Valencia, Begoña Estañ -la misma que absolvió al exalcalde de Manises Enrique Crespo de ocultar un premio de lotería para eludir la fianza del Caso Emarsa- fue una clase acelerada de la cultura del pelotazo que imperó la pasada década. Y del maridaje impúdico de intereses cuando la crisis ya daba sus primeros zarpazos.

Precisamente al crac económico aludió el empresario, Vicente Cotino, como el origen de la operación que les ha sentado en el banquillo. «Por la crisis en España, en 2008 me vi abocado a vender activos de Sedesa», admitió el sobrino del expresidente de las Corts, Juan Cotino. Necesitaba vender las participaciones de su grupo empresarial en Proyectos Eólicos Valencianos SA -participada por Endesa (55 %), Sedesa Inversiones (20 %) y Bancaja (20 %)- y encontró el mejor mediador posible para ello: el entonces presidente de Bancaja José Luis Olivas quien, por su cargo, también era consejero de Iberdrola. Nadie mejor que él para cocinar esta operación de compraventa que se resolvió en apenas seis meses.

Olivas no tuvo empacho en admitir, a veces con un tono de suficiencia ante la Fiscal y el tribunal, que jugó a tres bandas en esta operación en la que, según él, todos ganaban. «Yo defendía los intereses de Bancaja y del señor Cotino, pero también los de Iberdrola, que quería tener un parque eólico en la Comunitat Valenciana». Sus mediaciones y negociaciones se hacían al más alto nivel, según su relato. «Hablé con José Ignacio Sánchez Galán (presidente de Iberdrola) y también con Rafael Miranda (presidente de Endesa)» y cruzó correos con técnicos de Bancaja y de Iberdrola durante las negociaciones que desembocaron en la venta del 45 % de Proyectos Eólicos Valencianos SA a Endesa, que finalmente ejerció su derecho de adquisición preferente, como accionista mayoritario.

Por esta operación, resumida en un informe de tres folios firmado por su mujer, José Luis Olivas se embolsó 580.000 euros (IVA incluido). «Actué para hacerle un favor a Bancaja porque así se iba a ahorrar la contratación de un intermediario, que hubiera costado un millón o millón y medio más», justificó un airado «molt honorable» ante la insistencia del interrogatorio de la fiscal y del abogado del Estado. Olivas defendió a capa y espada que no existía ninguna incompatibilidad en ser presidente de Bancaja y mediar en la venta de las participaciones de la empresa eólica. «No tenía ningún poder ejecutivo en Bancaja donde sólo cobraba 16.000 euros al año».

La venta del 45 % de Proyectos Eólicos Valencianos SA a Endesa se saldó con «39 millones de euros de plusvalías». Según Olivas, logró vender las acciones «por encima del precio del mercado». El coste total de la operación alcanzó los 120 millones ya que «la compradora también tuvo que asumir los 53 millones de deuda. Después de impuestos la plusvalía fue de 39,3 o 39,7 millones», admitió Cotino. A Olivas se le preguntó a la salida del juzgado si le parecía ético haber asesorado a Bancaja, los Cotino e Iberdrola. El portazo al cerrar el taxi fue su respuesta.