Una nueva operación contra la corrupción sacudió ayer los pilares de un ayuntamiento del Camp de Morvedre y del PP valenciano. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron desde primeras horas de la mañana hasta más de las 22 horas, por orden del Juzgado de Instrucción 4 de Sagunt, el ayuntamiento de esta localidad y tres dependencias municipales más en busca de facturas y expedientes de contratación de los anteriores equipos de gobierno del Partido Popular -junto a Segregación Porteña de 2008 a 2010- desde 2007 a 2014.
La «Operación flotador», que sigue abierta hasta hoy por la noche, afecta al exalcalde y actual diputado en las Corts, Alfredo Castelló, y once concejales y exediles del Ayuntamiento de Sagunt. Todos los regidores y exconcejales están siendo investigados por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).
Por elmomento, el PP no adoptará ninguna medida sobre Alfredo Castelló, «que aún no está imputado» -ya que sólo puede investigarlo el TSJCV, por su condición de aforado-. Castelló preside el comité de derechos y garantías del PPCV que decide sobre los expedientes internos a cargos investigados. El diputado popular aseguró ayer en las Corts tener la conciencia «muy tranquila» y desconocer «por completo» el motivo de la investigación judicial.
La UDEF también se incautó de facturas y contratos en varias empresas contratistas del Ayuntamiento de Sagunt como Aguas de Sagunt (empresa mixta del ayuntamiento y Aguas de Valencia), Imesapi y SICE -dos filiales del grupo ACS que dirige Florentino Pérez-, Pavasal y la mercantil Vigilancias y sistemas de seguridad.
La jueza ordenó recabar expedientes y facturas de las anteriores empresas en tareas municipales de mantenimiento como reasfaltado de calles, alumbrado público, aire acondicionado y vigilancia. De la sede de Aigues de Sagunt en el Port de Sagunt los agentes de la UDEF se incautaron de una caja de documentos tras registrarla desde las 9 hasta las 17 horas.
Todas las facturas investigadas tenían un informe de reparos por parte del Interventor, ya que no contaban con consignación presupuestaria. El último presupuesto municipal aprobado en Sagunt se remonta al año 2009 gracias al apoyo de los segregacionistas al PP. Desde entonces se han ido prorrogando anualmente.
La investigación, que aún permanece bajo secreto del sumario, indaga si se fraccionaron contratos para adjudicar servicios municipales a las mercantiles sin respetar la Ley de contratos del sector público, según informan fuentes del TSJCV. La titular del Juzgado de Instrucción 4 de Sagunt, Concepción Rut Monzó, también investiga si «se amañaron contratos y se adjudicaron trabajos sin el correspondiente expediente administrativo vulnerando con ello los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que rigen la contratación pública», según el TSJCV.
De hecho, la causa se inició hace un año tras la denuncia de la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Valencia, iniciada de oficio a partir de un informe de la Sindicatura de Comptes, trasladada al Tribunal de Cuentas.
Entre otras irregularidades, la Sindicatura de Comptes detectó «fraccionamientos indebidos [en los contratos del Ayuntamiento de Sagunt, ausencia de contratos» y convocatoria de procedimientos negociados sin publicidad «por importe de 875.249 euros en 2012 y 513.640 euros en 2013».
