Él exconseller de Bienestar Social entre 2000 y 2003, Rafael Blasco, ha defendido la transparencia y legalidad del concurso para crear 9.000 plazas de residencias para la tercera edad que investiga una comisión de investigación de las Corts por el presunto trato de favor a las empresas de la familia Cotino.
Blasco ha comparecido por vídeoconferencia desde la cárcel de Picassent en la comisión de las Corts. Fiel a su estilo, incluso desafiante en algunos momentos, ha negado que se diera trato de favor a determinadas empresas que lograron la financiación del 100% de las plazas de residencias y, pese al control directo que hizo de las adjudicaciones, ha asegurado «no recordar» que se produjeran incumplimientos en la disposición de los terrenos o las fechas de construcción de las residencias.
El exconseller también ha negado haber recibido regalos o dádivas a cambio de la adjudicación o haber presionado a técnicos para orientar las adjudicaciones. «Nunca ninguna persona me ha ofrecido ningún regalo o contraprestación a cambio de mi gestión», ha asegurado taxativo, en respuesta a la diputada socialista Concha Andrés. «Nunca he presionado a nadie para que tomara una decisión en un sentido o en otro», ha asegurado durante su intervención tras las preguntas de Mònica Álvaro, diputada de Compromís.
Blasco sí que ha admitido que la modificación del pliego para que las empresas contratistas optaran a la financiación del 100% de las plazas residenciales (en lugar del 3% inicial con el que se licitó el concurso) «se colocó o modificó porque la inversión era de tal envergadura que se debía garantizar lo que sucedió: que creció el número de residencias y el número de plazas residenciales».
