La titular del Juzgado de Instrucción 21 de Valencia, Nieves Molina, que investiga las dos piezas separadas que permanecen abiertas en el «Caso Blasco», se niega a investigar el incidente protagonizado por Augusto César Tauroni y Rafael Blasco en el centro penitenciario de Picassent, en el que ambos fueron sorprendidos con un teléfono con acceso a internet realizando una transferencia. Ambos protagonistas negaron haberse visto involucrados en estos hechos.
La Fiscalía Anticorrupción y una acusación particular habían presentado a través del Juzgado de Instrucción 21 de Valencia una petición de información dirigida al director del centro penitenciario de Picassent para que informara sobre «cualquier tipo de dispositivo al que hayan tenido acceso» el empresario Augusto César Tauroni y el exconseller Rafael Blasco, condenados por el desvío de ayudas a la cooperación. Ambas acusaciones también reclamaban a los responsables penitenciarios información sobre cualquier «teléfono, tablet, "smartphone" u ordenador con acceso a wifi» que hubieran podido utilizar ambos condenados y que se remita el dispositivo al juzgado para que fuera analizado por la policía, según informó Levante-EMV en su edición del pasado martes.
Ni el juzgado ni la Fiscalía habían sido informados de este incidente que se produjo el pasado mes de junio y del que informó Levante-EMV en su edición del 23 de octubre. Una información que sería relevante en la instrucción de las dos piezas separadas que aún investigan el desvío de fondos para un hospital en Haití (que nunca se construyó) o de ayudas previstas para Perú, Guinea y Tailandia que tampoco llegaron a sus legales destinatarios.
Sin embargo, en una providencia comunicada ayer a las partes, la titular del Juzgado de Instrucción 21 rechaza practicar ninguna diligencia «teniendo en cuenta que no existe constancia alguna de tipo oficial de la veracidad de los hechos que se publican en el artículo de prensa que acompaña al escrito». Aunque la jueza insta a la Fiscalía Anticorrupción a «llevar a cabo las gestiones oportunas, mediante diligencias de investigación penal» para averiguar los hechos y, si encuentra indicios «de interés» que se los comunique.
