El Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), mediante las unidades para la educación multilingüe de las universidades de Alicante y de Valencia, ha elaborado un informe con una serie de propuestas de mejora sobre el borrador de Decreto de plurilingüismo, hecho público por la Conselleria de Educación. Entre otras medidas, propone suprimir los niveles básicos que plantea el documento (que son los que engloban más horas de castellano) y revisar la concesión de exenciones de estudiar valenciano, sobre todo en bachillerato.
El informe del organismo universitario realiza un recorrido por la política lingüística de los últimos años, para centrarse a continuación en el análisis del decreto, los avances que supone y a la vez en los puntos débiles que hay que mejorar. En este sentido, formula siete propuestas de modificación del decreto. En primer lugar, el instituto aboga por simplificar y reestructurar la escala de niveles del Programa de Educación Plurilingüe Dinámico (PEPD). Y en concreto, la supresión de los niveles básico I y básico II y el mantenimiento de la nomenclatura del borrador, pero con cambios en las equivalencias de la nomenclatura.
En concreto, el nivel básico pasaría a intermedio 1 del borrador; el intermedio equivaldría al intermedio 2; y el avanzado, a la fusión a la alza del avanzado 1 y 2.
En cuanto a los programas plurilingües actuales, a la distribución del profesorado en los centros a que está adscrito y a su calificación lingüística, pide considerar la posibilidad de que la oferta inicial de centros de nivel avanzado satisfaga la demanda, al menos, de la mitad de la población a escolarizar.
En la regulación de la elección de nivel lingüístico dentro del PEPD por parte del consejo escolar de un centro, precisa que la Conselleria que tenga atribuciones sobre la materia pueda revocar la decisión cuando entre en conflicto directo con los informes de la asesoría de lenguas y la inspección educativa.
«Desafección» del valenciano
Además, en la normativa que tendrá que desplegar el decreto, apuesta por revisar los procedimientos que regulan la concesión de exenciones, sobre todo en Bachillerato. En este punto, hace notar que «mientras no se disponga de un nuevo marco legal, y mientras no se haga un enorme esfuerzo de pedagogía lingüística, todavía habrá valencianos que seguirán manteniendo actitudes de desafección hacia el valenciano, que se tendría que percibir como patrimonio compartido sin excepciones».
