La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, que el grupo parlamentario Podemos quiere que entre en funcionamiento con e nuevo año, se ubicará en un edificio cuyo uso está cedido a las Corts. En concreto, se trata del inmueble anexo a la denominada Casa de los Dulces, en la esquina de la calle Conde Trénor y Navellos de Valencia, que está cerrada desde el pasado verano por problemas de estabilidad.
El inmueble es realmente propiedad de la Generalitat, pero las Corts tienen asignado el uso. Como orgánicamente la agencia antifraude tiene que depender del Parlamento valenciano porque así quedó reflejado en el proyecto de ley que Podemos presentó para su creación, las Corts han decidido ceder este edificio, anexo también al Palau dels Borja y muy cercano al edificio de los grupos parlamentarios. La intención de las Corts era que el inmueble pasara de nuevo a la Generalitat, una vez que la Cámara descartó la creación de un complejo parlamentario. Ahora lo mantendrá para alojar la agencia contra la corrupción, una de las medidas estrella de Podemos, que nunca acabó de gustar ni al PSPV ni a Compromís, pero que en el bipartito se considera un mal menor si con ello Podemos da el visto bueno a los presupuestos, como parece que ocurrirá. Las cuentas del Consell presentadas el viernes incluyen 1,5 millones de euros para que la agencia arranque una vez el pleno previsto para la próxima semana apruebe la ley, cuyo texto ya recibió luz verde en comisión.
El inmueble costó 3,6 millones
El edificio con fachada a la calle Conde Trénor y al río fue adquirido en 2007 y tenía como objetivo acoger a diputados autonómicos de Alicante y Castelló para que no tuvieran que desplazarse, aunque aquel proyecto nunca prosperó. La finca, de cinco alturas, costó 3,6 millones de euros. Para instalar la agencia antifraude será necesario realizar obras de reforma.
El portavoz parlamentario de Podemos, Antonio Montiel, aseguró ayer que entrará en funcionamiento durante el próximo año y se declaró «razonablemente satisfecho» después de un año de tramitación parlamentaria porque la ley mantiene la posibilidad sancionadora planteada desde el principio. La agencia contra el fraude quiere estrenarse con un informe sobre las concesiones sanitarias.
Mientras, Montiel se refirió ayer al presupuesto que el Consell presentó el viernes con cierto desencanto. «No nos desagrada, pero no lo sentimos como propio; se puede hacer más en vivienda o empleo», señaló antes de admitir que los ha recibido con cierta frialdad y que aún no hay fecha para presentar la ampliación del Botànic.
Por su parte, la portavoz del PP, Isabel Bonig, anunció ayer que su partido votará en contra de la ley de creación de la agencia, que cree que se convertirá en la «gestapo» valenciana y añadió que la ley es «un bodrio y un despropósito». El portavoz socialista, Manuel Mata, no cree que la ley sea inconstitucional como vaticina el PP, aunque pueda tener «algún problema», según incidió, porque se establece un régimen sancionador a funcionarios, pero se mostró partidario de que la osadía legislativa «sirva para cambiar las cosas».
