Hasta dos exdirectoras generales de la Conselleria de Agricultura, una funcionaria de alto rango de la administración autonómicas, los exalcaldes del PP de Yátova y Siete Aguas y el portavoz actual del PP en Buñol han comparecido o deberán comparecer ante un juzgado de Valencia en calidad de investigados (antes imputados) por un presunto delito de prevaricación administrativa.
La investigación judicial trata de esclarecer si ha habido un uso presuntamente irregular de cerca de 151.500 euros aportados por el Feader europeo, dentro de los Fondos Ruralter-Leader correspondientes a los ejercicios de 201o a 2015.
La causa se inició a partir de la denuncia de una funcionaria de la Conselleria de Agricultura y a la misma se ha unido como acusación particular la denominada Asociación del Llano de Chiva a la Plana de Utiel, cuyo presidente actual es el alcalde de Siete Aguas, el socialista José Santiago Mas.
Esta entidad se constituyó como Grupo de Acción Local (GAL) formado por instituciones y entidades de ambas comarcas, y gestionaba las solicitudes y proyectos presentados por los municipios y las asociaciones de la Hoya de Buñol-Chiva y Requena-Utiel que optaban a ser subvencionados con el dinero aportado por la Conselleria de Agricultura (62, 5%), el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (36,5%) y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (1%).
Previamente a la causa judicial ahora en marcha, los secretarios generales del PSOE de Yátova y Buñol habían llevado a la Fiscalía Provincial de Valencia un dossier con presuntas ilegalidades que dio lugar a una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que concluyó con un informe fechado en junio de 2016 que ya obra en poder del juez.
En el dictamen de la OLAF se especifican tres proyectos o servicios financiados con fondos Ruralter-Leader que podrían haberse tramitado y adjudicado de manera presuntamente irregular. Se trata del Espai Jove de Chiva, valorado en unos 295.000 euros; el centro de interpretación musical de Siete Aguas, cuyos instrumentos y mobiliario recibieron 28.000 euros; y unas facturas que suman 97.721 euros correspondientes a gastos de funcionamiento del GAL. Las tres actuaciones subvencionadas y materializadas suman cerca de 421.000 euros de las que según la OLAF el Feader europeo aportó cerca de 151.500 euros y el resto procedían de las administraciones nacionales.
La denuncia interpuesta por la funcionaria de la Generalitat señalaba supuestas irregularidades en dos aspectos: las subvenciones se concedían a proyectos y realizaciones que no podían ser subvencionados por estos fondos destinados al Desarrollo Rural; y, en segundo lugar, se pagaba más dinero del que legalmente permitía la Unión Europea.
Por su parte, el letrado de la Asociación del Llano de Chiva a la Plana de Utiel sostiene que la tramitación de expedientes, informes y otros servicios pagados con las ayudas Leader que gestionaba Llano de Chiva, se realizaba, presuntamente, a través de una fundación y otra entidad interpuestas, a las que se facturaban. De hecho, sospecha de presuntas irregularidades del anterior equipo rector que encabezaba el exalcalde del PP de Yátova, Rafael Lisarde; y en cuyo equipo figuraba el portavoz del PP en Buñol, Marcial Díaz Garrigues, y ADL de la Mancomunidad de La Hoya de Buñol.
Toma de declaraciones
En octubre, acudieron a la sede judicial para declarar como investigados Rafael Zahonero Ferrer, el exalcalde de Siete de Aguas del PP, entre 2003 y 2011; y Marcial Díaz Garrigues, actual portavoz del PP de Buñol y exdirector general de Formación Profesional. Ambos se negaron a contestar al juez, a la fiscal y a la acusación particular dentro de su estrategia de defensa. Ayer Rafael Zahonero dijo a este diario «no saber nada de nada» del proceso judicial abierto contra él. Por su parte, Marcial Díaz aclaró que su presencia en la causa responde a que «como técnico me limitaba a informar de las convocatorias de estas ayudas» pero, dijo, «yo no he firmado nada ni he tramitado ningún expediente porque eran los técnicos de la Conselleria de Agricultura y los directores generales quienes firmaban estas subvenciones».
Sobre el fondo de la cuestión afirmó que hay «informes jurídicos contradictorios» porque Agricultura «defendía que se podía otorgar el 100% de la subvención mientras que Bruselas argumenta que sólo se podía subvencionar con el 35% cada proyecto». Por ende, atribuyó esta denuncia «a una cortina de humo» y «a una persecución política» del PSOE «porque el PP ha presentado hasta tres denuncias por la gestión de los socialistas en Buñol y se están investigando ya por la justicia», dijo.
