La Intervención General del Estado ha iniciado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el análisis de la documentación de la antigua Imelsa (ahora Divalterra) con el fin de detectar cualquier desvío de fondos públicos, provinciales o europeos, en una entidad que se ha situado en el epicentro de la corrupción valenciana a través de las grabaciones de su exgerente, Marcos Benavent, el exyonqui del dinero. En el punto de mira está desde el dinero para el fomento de empleo, hasta el proyecto de conservación y divulgación de los árboles monumentales, que llevaba a cabo la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, como adelantó ayer en exclusiva Levante-EMV.
Los investigadores tienen indicios de posibles indicaciones de Marcos Benavent a la fundación naturalista para contratar con determinadas empresas amigas, según ha posido saber este diario. El conocido como yonqui del dinero podría haber presionado a la ONG para que contratara con firmas valencianas de su red para llevar a cabo trabajos del proyecto, como exposiciones, vídeos, etc. De hecho, las fuentes consultadas precisaron que la hija de Félix Rodríguez de la Fuente rechazó contratar a una productora que le proponía Benavent porque no terminaba de gustarle el producto final.
Auditoría de la UE
El pago anticipado de algunas de las facturas que emitió la empresa pública Imelsa a esta ONG fue el factor que levantó las sospechas del actual equipo rector de Divalterra. Según las fuentes consultadas, no es un procedimiento «habitual» en la administración provincial avanzar el montante de unos trabajos sin antes presentar los justificantes de pago correspondientes que indiquen que la tarea se ha llevado a cabo.
Esta ONG firmó en 2013 un contrato de patrocinio de tres años con Imelsa para divulgar la actividad que desarrollaban en el marco del programa europeo Life EnArbolar, dedicado a la conservación de árboles monumentales y bosques maduros integrados en la red Natura 2000 y la red Espacios Naturales. En total, la organización fundada por la hija del naturalista tendría que haber recibido 1,1 millones de euros, la mitad de la UE y la otra mitad de la corporación provincial.
Sin embargo, según confirmaron a este periódico ambas partes, el último pago no se ha realizado «porque todo está bajo sospecha», lamenta Odile Rodríguez de la Fuente, hija del divulgador y presidenta de la fundación. Se trata de cerca de 90.000 euros que la diputación retiene. Por su parte, la Unión Europea, quien ponía otros 500.000 euros para estas actividades, tampoco ha transferido el último plazo de las ayudas.
Desde Divalterra sostienen que en cuanto reciban la auditoría que ha realizado la UE podrán dar luz verde al pago, mientras que la presidenta de la fundación afirma que ha entregado toda la documentación requerida.
