La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) detectó en su investigación realizada entre octubre de 2014 y junio de 2016 que en al menos dos de los servicios y materiales pagados con fondos europeos de Ruralter-Leader, -los gastos de funcionamiento de la Asociación del Llano Chiva a la Plana de Utiel y la dotación de instrumentos para el centro musical de Siete Aguas-, se emitieron «facturas falsas» o «considerablemente infladas», presuntamente, para obtener más cuantía en las subvenciones que venían de Bruselas.
Así, lo explica el informe firmado por la investigadora Eugenia Moreno, por el jefe de la unidad, James Sweeny, y el director del equipo, Ernesto Bianchi, al que ha tenido acceso Levante-EMV.
Como adelantó ayer en exclusiva este diario en su edición de ayer, un juzgado de Valencia ha abierto una investigación por presunta prevaricación para determinar si los 151.500 euros aportados por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), dentro del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2007-2013, se tramitaron y adjudicaron correctamente en tres actuaciones o servicios materializados en la Hoya de Buñol-Chiva. Son varias las personas que han acudido ya a declarar en calidad de investigadas: dos exdirectoras generales de la Conselleria de Agricultura, Marta Valsangiacomo y Amparo Montoro; los exalcaldes del PP de Yátova y Siete Aguas, Rafael Lisarde y Rafael Zahonero; el portavoz del PP de Buñol, Marcial Díaz, y varias funcionarias de distinto rango.
El juez cuenta en su poder con este informe de la OLAF, realizado a petición de la Fiscalía Provincial de Valencia, que denuncia presuntas irregularidades en los procesos de contratación y en la contabilidad relacionada con el Espai Jove construido en Chiva -por 295.000 euros-, el centro musical de Siete Aguas -28.000 euros- y los gastos de funcionamiento del Grupo de Acción Local-Asociación Llano de Chiva, mediante facturas emitidas por la denominada Fundación Desarroya, por valor de 97.721 euros, entre 2010 y 2012. El impacto total de estas obras y servicios suma cerca de 421.000 euros, pero la aportación del Feader era del 36,5%, concretamente 151.500 euros.
Respecto a las facturas, los auditores europeos analizan las relaciones entre la Fundación Desarroya, el GAL-Llano de Chiva y la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva. La primera entidad es contratada entre 2010 y 2012 para aportar la infraestructura, el personal y el equipamiento necesario para que el GAL pudiera funcionar y cumplir sus objetivos. Entre otros, presentar proyectos y conseguir las subvenciones para llevarlos a cabo.
En este apartado, la conclusión es que la OLAF «duda seriamente que las facturas emitidas por la Fundación Desarroya respondan a una prestación real y efectiva de los bienes y servicios declarados por el GAL». Y añade: «Las facturas emitidas por la Fundación Desarroya serían falsas o estarían considerablemente infladas».
Y aporta ejemplos de estas prácticas presuntamente irregulares, como una factura del 27 de junio de 2011, por valor de 15.902 euros, girada por la Fundación Desarroya al GAL-Llano de Chiva, en concepto de «prestación de servicios», que coincide según la oficina de Bruselas, «en su referencia y en su importe con la factura relativa al piano/chelos del proyecto centro musical de Siete Aguas».
En cuanto al personal, al material, al local e incluso el teléfono, el fax o los ordenadores, los inspectores de Bruselas sospechan que todo ello «era propiedad de la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva» y que este organismo intermunicipal los compartía con el GAL y la Fundación Desarroya.
Hasta tal punto que el dictamen de la UE concluye: «La Fundación Desarroya factura servicios que se habrían prestado en los locales y con los recursos materiales y humanos de la Mancomunidad de la Hoya de Buñol- Chiva, por tanto sin coste para la Fundación».
A efectos de justificar ante las autoridades autonómicas esta fundación, el GAL «habría simulado la realización de un procedimiento de contratación falseando las ofertas supuestamente presentadas por otros dos licitadores».
La OLAF considera que el objetivo último era «inflar los gastos declarados como gastos de funcionanamiento y maximizar la subvención recibida de la Generalitat Valenciana». Estas irregularidades no fueron detectadas «en las verificaciones efectuadas» por la Conselleria de Agricultura, finaliza el informe.
