El Consell reclama los 295.000 euros de ayuda europea que costó el Espai Jove de Chiva

La Conselleria de Agricultura, que hoy dirige Elena Cebrián en virtud del pacto autonómico entre PSPV y Compromís, ha enviado una resolución a la denominada Asociación Interior Hoya de Buñol-Chiva en la que le ordena «el reintegro» de los 295.000 euros, que esta entidad recibió para la construcción de un Espai Jove en Chiva.

Tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV, este proyecto es uno de los tres que ha motivado que dos exdirectoras generales de Agricultura del PP, Marta Valsangiacomo y Amparo Montoro; así como los exalcaldes del PP, Rafael Zahonero y Rafael Lisarde; más el portavoz del PP de Buñol, Marcial Díaz, y una serie de funcionarias de alto rango hayan sido llamados a declarar ante el juez en calidad de investigados -antes imputados- por un delito de presunta prevaricación.

La resolución que obliga a devolver los 295.000 euros a las arcas de la Generalitat Valenciana fue enviada el pasado 27 de octubre a la entidad citada con sede en Alborache y se recibió a principios de noviembre. La Asociación Interior Hoya de Buñol-Chiva tiene un plazo de 15 días para presentar las alegaciones que considere oportunas en su defensa.

Además, el mandato de Conselleria, que firma la actual directora general de Desarrollo Rural y Política Agracia Común (PAC), Teresa Cháfer, establece que se tienen que reintegrar sendas anualidades de 147. 500 euros, abonadas en 2011 y 2012, más los intereses generados desde entonces al momento del pago.

El argumentario jurídico-administrativo que utiliza la Conselleria de Agricultura para reclamar este dinero es el mismo que el explicitado por la OLAF en el informe que está en manos de la justicia y al que ha tenido acceso este diario. No en vano, la administración autonómica transcribe las presuntas irregularidades atribuidas por la OLAF a la cúpula de la Conselleria de Agricultura, en la época de Maritina Hernández (PP), y también las supuestas ilegalidades cometidas por Rafael Lisarde como presidente de la Asociación de Interior de la Hoya de Buñol-Chiva.

Agricultura subraya una amplia batería de presuntas irregularidades que tienen que ver con todo el proceso de diseño, contratación, adjudicación y construcción del Espai Jove de Chiva. Por ejemplo, «la subvención recibida fue el 100% del proyecto y ha sido el importe pagado por la Generalitat a la Asociación», pero, en realidad, de aplicarse bien los reglamentos europeos, esta entidad sólo debería haber recibido un 37% como máximo del total de la ayuda.

Más supuestas irregularidades

Otras supuestas irregularidades son que la Asociación Hoya de Buñol-Chiva, que entonces era presidida por Rafael Lisarde -a la sazón alcalde de Yatóva y de hasta cuatro entidades de la comarca- tuvo la condición de Grupo de Acción Local para el período 2000-2006 pero no para el de 2007-2013.

Por tanto, ha habido «una discriminación en favor» de esta entidad que perjudicaría a otros colectivos y asociaciones que pidieron ser GAL en esta convocatoria y que quedaron descartados, no pudiendo conseguir la financiación deseada.

En cuanto al modo en que se gestionó el suelo para edificar el edificio o la manera en que se adjudicó la obra, Agricultura concluye que el verdadero promotor del inmueble «fue el Ayuntamiento de Chiva», entonces presidido por el popular José Manuel Haro y que la selección del contratista «estaba decidida de antemano y la solicitud de tres ofertas fue un mero trámite».

Los actuales gestores de la Asociación de la Hoya de Buñol-Chiva no tienen nada que ver con el equipo político y técnico anterior a las elecciones municipales de 2015. El abogado de la entidad ha solicitado a la Conselleria de Agricultura que se paralice el proceso de devolución de esos fondos hasta que no se depuren responsabilidades penales, si las hubiera, de las exdirectoras generales y los exalcaldes implicados en el procedimiento judicial en curso.