La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), organismo fiscalizador dependiente de la Comisión Europea (CE), ha puesto el foco en «la legalidad y la regularidad» de las subvenciones concedidas e invertidas en toda la Comunitat Valenciana a cuenta de los Fondos Ruralter-Leader correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2013. El montante total de esa línea de financiación pública fue de 61 millones de euros.
Después de detectar presuntas irregularidades en al menos dos proyectos financiados en la Hoya de Buñol-Chiva -el centro de interpretación musical de Siete Aguas y el Espai Jove de Chiva- con fondos Ruralter-Leader, los inspectores de la OLAF concluyeron: «Existe el riesgo de que estas irregularidades se extiendan a otros proyectos de Desarrollo Rural gestionados por la Generalitat Valenciana».
¿A qué proyectos y que período se refieren los técnicos de Bruselas? A los que se tramitaron, se adjudicaron y se ejecutaron en ese período, 2008 a 2013. Los investigadores de la CE no afirman que todos los proyectos financiados fueran irregulares, pero sí dejan ver que lo sucedido en la comarca de la Hoya de Buñol-Chiva pudo extenderse a los programas financiados para Grupos de Acción Local e instituciones de otras comarcas valencianas.
Así lo explica el informe firmado por la investigadora Eugenia Moreno, por el jefe de la unidad James Sweeny y por el director del equipo Ernesto Bianchi. Porque las presuntas irregularidades «fueron posibles por la aplicación que la Generalitat Valenciana efectuó de la normativa reguladora de las ayudas, así como por la falta de controles sobre la capacidad de los beneficiarios oficiales de la ayuda para cumplir las obligaciones establecidas en dicha normativa».
Y porque los errores en la tramitación «eran detectables con el análisis de los documentos justificativos presentados por los beneficiarios». La convocatoria de ayudas europeas de 2008 a 2013 contó con una dotación económica de 61 millones de euros, de los que 38,125 millones (el 62,5%), los aportaba la Generalitat Valenciana; 22,265 millones, el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader); y 610.000 euros, el 1% restante, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
En toda la Comunitat Valenciana, con esa financiación pública se acometieron y ejecutaron cientos de proyectos incluidos dentro del Plan de Desarrollo Rural. Cabe recordar que tras la pérdida de la Comunitat de su condición de región Objetivo 1 de la Unión Europea, la Generalitat redactó un nuevo Programa de Desarrollo Rural para 2007-2013, del que colgaban cuatro ejes o programas básicos de financiación. Uno de ellos, el Ruralter Leader sustituyó a los anteriores programas europeos Leader y Proder, y fue el mejor dotado de presupuesto, con los 61 millones de euros citados.
Un juzgado ya está investigando
Como ha publicado Levante-EMV estos días, la OLAF ha enviado su informe con estas actuaciones supuestamente ilícitas a la Conselleria de Agricultura, donde está desde principios de septiembre.
Además, el dictamen obra en poder de un juzgado de Valencia, que investiga a exaltos cargos y exalcaldes del PP desde hace varios meses, por presunta prevaricación. Dos de las exdirectoras generales investigadas, Marta Valsangiacomo y Amparo Montoro, junto a funcionarias de alto rango en esa época, formaban parte de la cúpula de Maritina Hernández, la consellera de Agricultura en la épooca fiscalizada.
La OLAF es la oficina que investiga el fraude al presupuesto de la UE, la corrupción y las faltas graves en las instituciones europeas y elabora la política de lucha contra el fraude para la Comisión Europea. En este asunto actuó a petición de la Fiscalía Provincial de Valencia tras una denuncia de una exfuncionaria de la Generalitat.
Una portavoz de la Oficina de Prensa de la OLAF informó el martes a este diario que tras concluir su investigación en julio de 2016, este organismo envío «sus recomendaciones judiciales y financieras» a las autoridades españolas y también a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea.
Por otro lado, fuentes de la investigación judicial que se sigue en Valencia confirmaron ayer que en enero está previsto que los investigadores de Bruselas -que detectaron este presunto uso fraudulento de fondos- vengan a la ciudad para declarar como peritos.
