Una instrucción interna de la Dirección General de Tráfico (DGT) ha hecho saltar las alarmas entre las personas con discapacidad física que utilizan vehículos para su movilidad como sillas de ruedas con motor eléctrico o scooters. El texto, firmado el 3 de noviembre por el director de la DGT, es una propuesta a los ayuntamientos para que regulen la circulación de los «vehículos de movilidad personal». El planteamiento de Tráfico es que «no pueda hacerse uso de ellos en las aceras y espacios reservados» al peatón. Que las ordenanzas municipales, donde reside la competencia del tráfico urbano, los envíen a la calzada por regla general.

La instrucción no detalla a qué tipos de vehículos se refiere: sólo los describe como «vehículos capaces de asistir al ser humano en su desplazamiento personal» y que puedan llevar motor eléctrico. Ante la «confusión» generada que la DGT no ha sido capaz de disipar a preguntas de este periódico, la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana (Cocemfe) exigió ayer a la DGT que «no se ponga a las personas con discapacidad en el mismo saco y que esta instrucción no afecte a los usuarios de scooter por motivo de su discapacidad, puesto que se pondría en riesgo su seguridad y supondría una normativa contraria a sus derechos». Por eso, Cocemfe reclama «una regulación específica para el uso de scooters utilizadas por las personas con movilidad reducida» para que puedan circular por las aceras.

Jaime Utillas no da crédito. Perdió la capacidad de andar a los siete años. Desde los dieciocho está sentado en una silla de ruedas eléctrica, con la que se mueve por la ciudad de Valencia. Su vehículo podría estar afectado por la propuesta de Tráfico; la DGT no lo ha desmentido. «A mí no me pueden comparar con un monopatín eléctrico. Porque mi silla no es un vehículo: son mis zapatos. Y quien no lo entienda tiene un problema de compresión», dice Jaime.

Es presidente de la Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de la Comunitat Valenciana. No sólo alude al «riesgo» que entraña bajar de la acera y circular por la calzada. Hay otro componente que tal vez sólo se percibe cuando uno está sentado en una silla por obligación: la «marginación social». «¿Hemos de ir solos por la calle siempre? No sólo nos reducirían la movilidad, también nos prohibirían ir junto a otra persona por la calle y hablar con ella en el trayecto», lamenta.

Jaime tiene claro que, sea cual sea la aplicación de esta instrucción de la DGT, él continuará circulando por la acera con su silla eléctrica. «No voy a jugarme la vida por culpa de una medida que no se ajusta al sentido común y que rompe el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución», advierte.

Josefa Vidal es usuaria de scooter para personas con movilidad reducida. Quiere creer que la instrucción de la DGT no afectará a las personas con discapacidad y a sus vehículos. Ella ya está litigando para que le permitan aparcar su scooter, imprescindible para su día a día, en determinados espacios públicos. Si se atreven, dice, sólo pide que le digan «dónde hay que ir a encadenarse». Se ríe cuando le plantean la posibilidad de que las personas con diversidad funcional hayan de circular por la calzada convencional a bordo de sus vehículos. «Directamente nos liquidan, así no tienen que darnos prestaciones», ironiza.

En todo caso, la DGT recalca que es competencia de cada ayuntamiento, que «podrá autorizar su circulación por aceras, zonas peatonales, parques o habilitar carriles especiales con las prohibiciones y limitaciones que considere necesarias relativas a masa, velocidad y servicio al que se destinan».

Los «segways» piden salir del limbo

Otro de los vehículos afectados serán los patinetes eléctricos o los segways, muy usados por los turistas en el centro. Gerardo Pérez, gerente de Segway Valencia, afirmó ayer que es partidario de que se «ponga orden ante la confusión actual» en las aceras, pero pide «una alternativa clara» para que los segways circulen de forma legal, ya sea por el carril bici o las zonas limitadas a 30 km/h, y así salir del «limbo actual».