El Tribunal de Cuentas cuestiona el aval que asumió la Generalitat Valenciana en julio de 2011 y todos los contratos y convenios que se firmaron para la organización y gestión del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia. En un informe, de 40 páginas del pasado mes de octubre, y que se enmarca en la investigación abierta, el organismo de control habla de posibles contratos nulos, de irregularidades administrativas y de decisiones «lesivas» a los fondos públicos. Según el informe , en la gestión de la F1 en Valencia existió «daño y quebranto» a las arcas públicas, pero afirma que no puede reclamar el perjuicio público porque carece de competencia. Debía haberse aclarado en la jurisdicción Contencioso-Administrativa, apunta.
Valmor adquirió en 2007 los derechos para promover y organizar en Valencia el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 de 2008 a 2014; a partir de 2009, Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (Sptcv) adquirió la condición de copromotor del evento y asumió el pago del canon anual; en 2011 la Generalitat se convirtió en nuevo garante del evento en sustitución de Bancaja. Posteriormente, en 2012, Valmor se vendió por un euro cuando contaba con una deuda de, por lo menos, 23,8 millones de euros. El Consell condonó la deuda, asumió la de los proveedores, y la operación fue denunciada por Compromís.
El Tribunal de Cuentas, tras analizar toda la documentación, considera que el contrato por el que Circuit del Motor debe organizar el Gran Premio podría ser nulo, ya que Valmor no fija una contraprestación a abonar. Además, el tribunal se refiere al contrato celebrado entre la pública Sptcv con FOA -empresa del magnate de la F1- y Valmor, por el que el primero se obliga a abonar el importe de las anualidades que debían satisfacerse como canon. Por este contrato se realizan unos pagos de unos 60 millones entre 2007 y 2011, «sin que nuevamente haya prestación y sin que haya tampoco acción de repetición para resarcirse del importe satisfecho», como si se tratara de convenios o ayudas.
En tercer lugar, el tribunal examina el aval concedido por la Generalitat en sustitución de Bancaja y determina que existió irregularidad administrativa, ya que se prescinde de procedimientos y la supervisión de órganos colegiados. También se estudia la compra de las acciones de Valmor y su absorción por la mercantil pública Circuito del Motor. Señala que «estamos nuevamente ante una decisión lesiva».
En este caso están investigados el expresidente Francisco Camps; la exconsellera Lola Johnson; y el expiloto Jorge Martínez Aspar por presuntos delitos de malversación, prevaricación y delito societario.
