La exconsellera de Agricultura Maritina Hernández, del Partido Popular, introdujo cambios fundamentales en el sistema para gestionar y asignar los fondos Ruralter-Leader 2008-2013, dotados de 61 millones de euros para ese período, de manera que dejó en manos de los responsables políticos autonómicos del PP la capacidad para gestionar y pagar las subvenciones.
Por contra, los Grupos de Acción Local, las entidades donde estaba representada la sociedad civil rural, vieron muy mermada su capacidad de decisión sobre los fondos financiados hasta un 36,5% por Bruselas. De hecho, los GAL fueron reducidos al papel de dinamizadores y de selectores previos de las propuestas que luego eran gestionadas y subvencionadas por los directores generales de Agricultura, asesorados por sus técnicos y jefes de servicio.
El 5 de agosto de 2008 se publicaba en el DOCV la Orden firmada por la exconsellera Maritina Hernández en la que se regulaba la selección de los planes de desarrollo local y los Grupos de Acción Local Ruralter-Leader.
En su introducción la norma especificaba: «Los GAL seleccionados al amparo de la presente convocatoria, para el período 2008-2013, tendrán la misión principal de responsabilizarse de la dinamización de la iniciativa pública y privada en su zona geográfica de actuación y de seleccionar los proyectos de más calidad y que mejor se adapten a la estrategia de desarrollo del territorio en cuestión».
Mandaban las instituciones
El mandato legal y administrativo: «La conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación y su Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA), de acuerdo con lo previsto en la Orden de bases de las ayudas Ruralter-Leader, serán las responsables de la gestión administrativa de expedientes de ayuda y de la realización de los pagos a los beneficiarios de la misma».
Además, los proyectos de subvención tenían que ser presentados en la sede de Agricultura, en la calle Amadeo de Saboya, y tenían que dirigirse a la Dirección General de Empresas Agroalimentarias y Desarrollo del Medio Rural.
El resultado es que este dinero fue destinado en su mayor parte a planes y actuaciones planteados por instituciones y no por cooperativas, colectivos agrarios, asociaciones o sindicatos, que eran quienes lideraban antes de 2008 los GAL y los planes rurales, junto a los concejales y alcaldes de la zona.
Fuentes de la actual Conselleria de Agricultura, cuya titular es Elena Cebrián, señalaron que sólo en tres años, entre 2008 y 2010, «se aprobaron en toda la Comunitat Valenciana 1.200 expedientes, que recibieron algún tipo de ayuda». «Se pagaron 30 millones y el 80% de la financiación fue a proyectos promovidos por ayuntamientos y mancomunidades», indicaban estas fuentes. Esto es, instituciones dirigidas por políticos del PP, en la mayor parte; y en menor medida, del PSOE, EU y otros partidos, tal como habían querido los ciudadanos en las elecciones de 2007.
Filosofía «pervertida»
Y el resto, apenas un 20% de los 30 millones asignados en esas fechas, fueron a parar a entidades privadas, cooperativas o asociaciones. «Esta forma de repartir los fondos -aseveran fuentes de la Conselleria de Agricultura actual- pervertía la filosofía inicial de los Fondos Ruralter-Leader que pretendía fomentar el desarrollo rural en los pueblos creando empleo y riqueza para evitar el despoblamiento de las zonas rurales». Los proyectos financiados a las instituciones fueron destinados a fines tan variopintos como equipamientos urbanos, obras en los cascos urbanos o construcción de edificios públicos.
El cambio normativo introducido por Maritina Hernández y tripulado por su equipo político y técnico aconteció justo en la época en la que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), organismo dependiente de la Comisión Europea, ha detectado una serie de presuntas irregularidades -en al menos tres ayudas en la Hoya de Buñol-Chiva- que llevan a los inspectores de Bruselas a extender «el riesgo» de presunto uso fraudulento de la financiación pública a más expedientes tramitados y subvencionados entre 2008 y 2013.
