El consejo de administración de la empresa pública de la Diputación de Valencia, Divalterra, ha dejado en suspensión la aprobación de la contratación de los servicios de un penalista que ejerza la acusación particular en el «Caso Taula» en nombre de la institución provincial. El servicio de asistencia jurídica se iba a licitar por cuatro años y 350.000 euros (sin IVA) prorrogable a otros dos (en previsión del seguimiento de posibles recursos en el caso), por lo que la cuantía máxima del contrato se fijaba en 525.000 euros, según confirman a Levante-EMV fuentes de la Diputación de Valencia. Sin embargo, el pleno de la empresa pública ha decidido dejar para más adelante la toma de esta decisión.
La contratación iba a producirse después de que el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción hayan admitido la personación como acusación particular de Divalterra en el Caso Taula que investiga, entre otros asuntos, el pago de mordidas y comisiones a cambio de contratos en la Diputación de Valencia y la antecesora de Divalterra, Impulso Económico Local SA (Imelsa), cuando ambas estaban bajo la batuta de Alfonso Rus y Marcos Bevanent, respectivamente.
Desde la Diputación de Valencia justificaban esta contratación externa para ejercer la acusación particular en cuatro piezas separadas de las seis en las que se ha dividido el «Caso Taula» porque «queremos recuperar todo el dinero robado y que los responsables vayan a la cárcel». También añaden que los servicios jurídicos de Divalterra no pueden asumir los trabajos en esta macrocausa de corrupción, a pesar de que su actual director es el exmagistrado, reputado penalista y denunciante del Caso Fabra o Terra Mítica, José Luis Vera, porque éste ejerce como representante legal de Divalterra y será, con toda probabilidad, citado como testigo, por lo que no podría asumir la causa como abogado al mismo tiempo. Los otros dos integrantes de los servicios jurídicos de Divalterra son especialistas en derecho administrativo «y en esta macrocausa necesitamos a los mejores en derecho penal», añaden fuentes de la institución provincial que dirige el alcalde de Ontinyent Jorge Rodríguez.
El pliego de condiciones para contratar los servicios letrados en el Caso Taula imponen una serie de requisitos y clausulas anticorrupción para borrar cualquier sombra de duda sobre una contratación tan sensible. Los aspirantes al concurso deberán tener despacho abierto en Valencia y no haber tenido relación jurídica alguna anterior con Imelsa o Divalterra, «tener interés económico, financiero o personal en el asunto, o haber representado o asesorado a alguna de las personas físicas o jurídicas acusadas» en el Caso Taula.
También será «causa determinante de rechazo de la oferta o el contrato, sin más trámite, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva» a cambio de que «personal de Divalterra haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones o haga valer su influencia sobre otro empleado». O que «haga valer su relación o influencia sobre personal de Divalterra para que hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones».
Por último, estas «clausulas anticorrupción» obligan a los abogados o despachos de abogados que se presenten al concurso a «no entregar ningún obsequio o comisión a ningún empleado o representante de Divalterra». Y comprometerse también a «directamente o indirectamente no pactar el pago de comisión alguna a ningún empleado o representante» de la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia.
